Mexicali. En el Congreso de Baja California se aprobó por mayoría la restricción a contener por cargos de elección popular a deudores morosos alimentarios y a personas sancionadas por violencia política de género y condenada por delitos contra la vida y la integridad corporal.

De esta manera se restringe la candidatura al gobierno estatal, diputaciones locales y munícipes a quienes se abstienen de realizar el pago de pensión alimenticia de sus hijos, así como quienes han sido sancionados por violencia política en razón de género, o condenada por delitos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual.

No se registró ningún voto en contra aunque sí una abstención del diputado petista Marco Antonio Blázquez, quien tiene en contra al menos dos denuncias por violencia política de género.

Una de las inicialista de esta reforma es la diputada Michel Sánchez Allende quien advirtió que no habrá más agresores en cargos públicos de elección popular y advirtió que los diputados harán "puntual seguimiento al avance de su aprobación en los Cabildos".

Se trata de apuntalar el acceso a una vida libre de violencias para todas las mujeres y el interés superior de las infancias.

Está reforma también impide que alguna persona señalada en estos supuestos ocupe un empleo, cargo o comisión en el servicio público.

La restricción es para toda persona que cuente con sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal; la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, o que las declare como personas deudoras alimentarias morosas.

La iniciativa fue presentada de manera separada, por las diputadas Sánchez Allende, Evelyn Sánchez, Daylín García y Monserrat Rodríguez y del diputado Juan Manuel Molina.