Sin solución alguna a sus demandas arriban los mineros al aniversario número 16 de las huelgas por ellos estalladas el 30 de julio de 2007 en las minas de Cananea, Sonora, Sombrerete, Zacatecas y Taxco, Guerrero, todas ellas concesionadas a Grupo México propiedad del tóxico cuan intocado Germán Larrea. ¿Y qué llevó a los trabajadores a ejercer ese derecho constitucional?: permanente violación del contrato colectivo por parte del corporativo privado; falta de seguridad e higiene en las áreas laborales y sus plantas productivas, práctica que el barón mantiene en todas sus instalaciones (recuérdese Pasta de Conchos) por tratarse de “un gasto innecesario”.
En ese larguísimo periodo, ¿qué respuesta recibieron los mineros? Impunidad absoluta para el barón, largas y más largas para solucionar el conflicto (como si en realidad existiera voluntad gubernamental y empresarial para llegar a un acuerdo); represión (Felipe Calderón ordenó a la Policía Federal y al Ejército tomar las instalaciones de la mina de Cananea, y a golpe de bala y macana expulsó a los trabajadores, permitió el cambio de denominación social de la empresa –de Mexicana de Cananea a Buenavista del Cobre–, ilegalmente “extinguió” el contrato colectivo, contrató esquiroles foráneos –la población vivía de la mina–, canceló todos los derechos asociados); por si fuera poco, un “sindicato” blanco al servicio del patrón, armado por el secretario calderonista del Trabajo, Javier Lozano Alarcón. El medioevo, pues.
¿Y cómo le fue a Germán Larrea? En esos 16 años de huelga, la fortuna del barón pasó de 7 mil 300 millones de dólares en 2007 a 30 mil 800 millones en 2022, un aumento de 322 por ciento en el periodo. Pero no sólo se dedicó a incrementar sus haberes –siempre a costillas de la nación–, sino que derramó tóxicos por doquier sin consecuencia alguna –protegido por los gobiernos neoliberales–, a litigar ferozmente en contra de los mineros y sus dirigentes para evitar solucionar las tres huelgas y a crear “sindicatos” blancos en todas las minas concesionadas. Una oda a la impunidad.
Por instrucciones del presidente López Obrador, desde el inicio de su gobierno debieron quedar solucionadas las tres huelgas que ayer cumplieron 16 años, pero quienes recibieron la orden (primero Luisa María Alcalde, en la Secretaría del Trabajo, y después Adán Augusto López Hernández, en la de Gobernación) no dieron el ancho, no les importó, la echaron en saco roto o simplemente no tuvieron las agallas de enfrentar y meter al orden al barón, de tal suerte que por donde se le vea el resultado ha sido un enorme fracaso. Y todavía cínicamente se dieron el lujo de pedir “paciencia” a los mineros.
Los trabajadores debieron recurrir al mecanismo laboral de respuesta rápida del T-MEC, por medio de una solicitud del gobierno estadunidense, la cual deberá obtener respuesta mañana a más tardar para “destrabar” un conflicto que debió resolverse de inmediato, pero estalló durante la nefasta gerencia de Borolas a quien siguió otra defensora de la oligarquía. En el gobierno actual, en casi cinco años cero resultados.
En vía de mientras, el dirigente nacional minero, Napoleón Gómez Urrutia, subraya ( La Jornada, Andrea Becerril) que “no se puede esperar más; es hora, ya, de la justicia para los trabajadores de Cananea, Sombrerete y Taxco; aún es tiempo de que el gobierno cumpla con el compromiso de resolver los conflictos. Hay gran desesperación e incertidumbre entre los huelguistas, porque las instrucciones presidenciales no las han acatado ni las autoridades laborales ni las de Gobernación, que no han podido obligar al dueño de Grupo México, Germán Larrea, a cumplir con la ley y se siente a negociar, el aún todopoderoso empresario que sigue con sus 333 concesiones mineras, en ferrocarriles y otras ramas industriales, con multimillonaria fortuna y una cauda de abusos y arbitrariedades que arrastra desde hace décadas, sin que nadie lo llame a cuentas”.
Algo más: “¡en ningún otro país se han visto huelgas tan prolongadas, sin que se ponga un alto a la impunidad con la que Larrea actúa! Ha salido indemne por la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos; por el derrame de tóxicos en el río Sonora y las maniobras e ilegalidades, apoyado por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, para acabar con los movimientos estallados el 30 de julio de 2007. Hemos confiado siempre en el presidente López Obrador, pero la frustración va en aumento, sobre todo porque ya sólo queda un año a su gobierno”.
Las rebanadas del pastel
En síntesis, 16 años sin solución, y contando.
Twitter: @cafevega