Ciudad de México. El Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado Morelos ordenó a una escuela primaria de la entidad establecer protocolos para la prevención, detección y actuación en caso de maltrato y acoso escolar, así como tomar las medidas necesarias para proteger la integridad física, psicológica y moral de una menor, quien fue agredida por un compañero que le aventó un libro que le provocó una lesión en la nariz y cuyas autoridades fueron omisas en atender el hecho.
El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), informó que al resolver el juicio de amparo 1207/2019, el juzgador federal resaltó que, si bien la menor agredida ya egresó del plantel, las autoridades escolares deberán darle seguimiento al procedimiento para restituirla en el pleno goce de sus derechos, todo ello derivado de las lesiones que le causaron en las instalaciones de la escuela.
La sentencia precisa que el hecho de que la menor ya no estudie en esa escuela, no es impedimento para que las autoridades responsables atiendan los daños que se le causaron, ya que con su proceder omiso se afectó el derecho de la niña a recibir educación en un ambiente sano y libre de violencia; además de que no han instrumentado políticas y técnicas necesarias para atender de forma adecuada la violencia escolar.
El abuelo de la menor promovió el juicio de amparo en contra del gobernador de la entidad y autoridades del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos (IEBEM), por la fractura de nariz que sufrió la niña dentro de las instalaciones escolares donde cursaba el quinto grado.
Además, reclamó la omisión de las autoridades por no aplicar protocolos para la prevención, detección y actuación en caso de maltrato y acoso escolar; ni dar seguimiento a la lesión que tuvo la menor.
Al respecto, el juez José Leovigildo Martínez Hidalgo concedió la protección de la justicia federal a la menor y ordenó a las autoridades responsables instrumentar las medidas necesarias para la protección de la integridad física, psicológica y moral de la menor.
También las instruyó a realizar los actos materiales necesarios para brindar asesoría personalizada a la familia para acceder a los beneficios de la póliza de seguro institucional con el que se cuenta para atender eventos como el suscitado.
Asimismo, valorar el grado de afectación y la situación económica de la víctima, debiendo determinar los gastos devengados por la familia en la atención de la niña; e implementar acciones de prevención, capacitación y sensibilización dirigidos a la Comunidad Educativa en el tema de violencia escolar.