Involucrados en la red de corrupción que encabezó Genaro García Luna y que participaron en el desvío de más de 5 mil millones de pesos han aceptado colaborar con la Fiscalía General de la República (FGR) y han aportado información que fortalece la investigación contra los accionistas principales de la empresa Nice Systems Limited.

La compañía fue constituida en Israel por la corporación Weimberg, que se asoció con García Luna a través de Nunvav Inc. y Nunvav Technologies Inc., abiertas en Panamá por el mismo consorcio, Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Weinberg Pinto, padre e hijo.

Los integrantes de la familia Weinberg, también dueños de la empresa ICIT Private Security, obtuvieron contratos para equipar cárceles a cargo del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social de la entonces Secretaría de Seguridad Pública federal, que organizaba el sistema penitenciario.

De acuerdo con las investigaciones, Mauricio Samuel Weinberg trabajó con García Luna desde que éste fue titular del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (antes Cisen, ahora Centro Nacional de Inteligencia).

Funcionarios entrevistados revelaron que al menos cuatro de los 61 presuntos involucrados en la red de corrupción y en contra de los cuales se obtuvo orden de aprehensión, han aceptado entregar información que lleve a esclarecer los mecanismos financieros y la forma en que se operaron los recursos obtenidos de los contratos otorgados de manera irregular.

Entre quienes se encuentran con órdenes de aprehensión están cinco familiares de García Luna, su esposa, Linda “P”, sus hermanas Esperanza, Luz María y Gloria, así como su hermano Humberto, a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada consideran que participaron en un esquema financiero con el cual opera la empresa Glac Security Consulting Technology Risk Management, una de las compañías que se beneficiaron con los desvíos de recursos públicos.

La acusación contra los involucrados es por el desvío de 5 mil 112 millones de pesos a través de 10 contratos considerados ilícitos.

La acusación contra los 61 presuntos implicados incluye los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado, indicaron las fuentes.