No se puede esperar más, “es hora ya de la justicia” para los trabajadores de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco, que hoy cumplen 16 años en huelga, advirtió el dirigente nacional del Sindicato Minero, Napoleón Gómez Urrutia, en entrevista en la que expuso que aún es tiempo de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador cumpla con el compromiso de resolver los conflictos.

Expuso que hay una “gran desesperación e incertidumbre entre los huelguistas, porque las instrucciones del Presidente de la República no las han acatado ni las autoridades laborales ni las de Gobernación, que no han podido obligar al dueño de Grupo México, Germán Larrea, a que cumpla con la ley y se siente a negociar.

“El aún todopoderoso empresario sigue con sus 333 concesiones mineras, en ferrocarriles y otras ramas industriales, con multimillonaria fortuna y una cauda de abusos y arbitrariedades que arrastra desde hace décadas, sin que nadie lo llame a cuentas”, resaltó Gómez Urrrutia.

“¡En ningún otro país se han visto huelgas tan prolongadas, sin que se ponga un alto a la impunidad con que Larrea actúa!”, insistió. El empresario ha salido indemne, agregó, por la muerte de 65 mineros en Pasta de Conchos, cuyos cuerpos permanecen enterrados, por el derrame de sustancias tóxicas en el río Sonora y las maniobras e ilegalidades a que acudió, apoyado por los gobiernos de Calderón y Peña Nieto, para acabar con los movimientos estallados el 30 de julio de 2007.

El también senador por Morena recordó que desde su campaña y al iniciar su gobierno, López Obrador despertó expectativas y confianza entre los huelguistas de lograr la justa reivindicación de sus derechos laborales que el dueño de Grupo México “pisoteó” todos estos años.

Recordó que desde 1989 en que Carlos Salinas de Gortari privatizó la histórica mina de Cananea, para entregarla a Larrea, los trabajadores han luchado por sus derechos y han enfrentado hambre y agresiones, ya que en dos ocasiones se envió a las fuerzas armadas a reprimirlos.

Las tres huelgas estallaron el mismo día, dijo, en demanda de condiciones mínimas de seguridad, luego del derrumbe en Pasta de Conchos, del incremento salarial y prestaciones que les correspondían y el reconocimiento a su dirigencia sindical, que Grupo México pretendía desconocer.

Sin embargo, Larrea se cerró, congeló además las cuentas sindicales y con el apoyo de Fernando Gómez Mont, secretario de Gobernación de Felipe Calderón, que antes había sido asesor jurídico de Grupo México, logró, dos años después –en 2009–, que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje decretara la terminación de la relación laboral con los mil 200 mineros y la cancelación de su contrato “por causas de fuerza mayor, sin pruebas que lo acreditaran”.

Un mes después, Grupo México reabrió la mina con esquiroles de fuera del municipio, ya que la única condición para admitirlos era que “no fueran de Cananea”, y un contrato de protección de la CTM. A los huelguistas los desalojaron por la fuerza 4 mil elementos de la Policía Federal y el Ejército enviados por Calderón.

Frustración en aumento

Los mineros, resaltó, se han mantenido en la lucha, al igual que sus compañeros de Sombrerete, Zacatecas, y Taxco, Guerrero, que también enfrentaron diversos intentos de romper sus huelgas y que “vieron esperanzados la posibilidad de que en el gobierno de la 4T se resolvieran sus añejas demandas.

“Hemos confiado siempre en el presidente López Obrador, pero la frustración va en aumento, sobre todo porque ya sólo queda un año a su gobierno.”

El dirigente nacional del Sindicato Minero reveló que en varias ocasiones le hizo notar al ex secretario de Gobernación, Adán Augusto López. y a la anterior secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, que Grupo México “no resiste una auditoría fiscal o ambiental y para el Estado mexicano sería relativamente fácil exigirle que cumpla con sus obligaciones y dé respuesta a los abusos y arbitrariedades contra los trabajadores y sus familias”, pero agregó, “nada se hace”.

Por ello, las acciones que decidan los huelguistas durante el foro que se realizará hoy en Sombrerete, Zacatecas –mina en la que hasta el gobierno de Estados Unidos exigió que se resuelva el conflicto en el marco del T-MEC– “tendrán justificación”.