Sidney. La ministra de Relaciones Exteriores de Australia, Penny Wong, declaró ayer que el caso del fundador de Wikileaks, Julian Assange, se ha “alargado demasiado” y que su gobierno quería que los cargos “llegaran a una conclusión”.

Assange, de nacionalidad australiana y detenido desde el 11 de abril de 2019 en la prisión de Belmash, al sur oeste de Londres, mantiene una defensa jurídica contra su extradición a Estados Unidos, donde enfrentaría 17 cargos por la filtración de archivos militares y cables diplomáticos confidenciales estadunidenses en 2010.

En conferencia de prensa en la ciudad de Brisbane, tras una reunión entre Australia y Estados Unidos, Wong precisó que se habían hecho gestiones en nombre de Assange en público y en privado, pero que había límites a lo que se podía hacer hasta que concluya su proceso judicial.

“Tengo entendido que Assange ha presentado una solicitud de renovación de apelación en el Reino Unido. El gobierno australiano no es parte en estos procedimientos legales, ni podemos intervenir”, agregó junto al ministro de Defensa, Richard Marles y los secretarios de Estado, Antony Blinken, y de Defensa, Lloyd Austin, de Estados Unidos.

El gobierno del Partido Laborista australiano, de centroizquierda, ha defendido, desde que ganó las elecciones el año pasado, que Washington debe poner fin a su persecución del periodista de 52 años.

Blinken respondió a las demandas australianas, afirmando que el activista fue acusado de “conducta delictiva muy grave” al publicar un conjunto de documentos confidenciales hace más de una década, “siendo las mayores filtraciones de información confidencial en la historia de nuestro país. Entiendo las preocupaciones y opiniones de los australianos. Creo que es muy importante que nuestros amigos de aquí entiendan nuestras preocupaciones”, agregó.

Los fiscales estadunidenses alegan que Assange ayudó a la analista de inteligencia del ejército estadunidense Chelsea Manning a robar cables diplomáticos y archivos militares clasificados que Wikileaks publicó posteriormente, poniendo vidas en peligro.

Australia argumenta que existe una “desconexión” entre el trato dado por Estados Unidos a Assange y a Manning. El entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, conmutó la pena de 35 años de Manning por siete años, lo que permitió su liberación en 2017.