Morelia, Mich. El mayor obstáculo para el reconocimiento de autoridades comunales y el acceso al presupuesto directo han sido algunas autoridades municipales, así como los partidos políticos, afirmó el coordinador del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), Pavel Guzmán, tras señalar que suman ya 33 pueblos originarios de las etnias mazahua, nahua y purépecha que cuentan con autoridades electas por el principio de usos y costumbres a través de asambleas generales.

Sostuvo que ha habido obstáculos de gobiernos municipales, incluso del gobierno estatal que encabezó Silvano Aureoles, pero “finalmente ha sido una táctica para retrasar la entrega del presupuesto directo, pero siempre terminan perdiendo porque es un derecho internacional, constitucional y estatal”.

Por ejemplo, el alcalde del municipio de Hidalgo, José Luis Téllez ha presentado amparos y hecho hasta lo imposible por no darle el presupuesto directo al pueblo mazahua de San Matías el Grande, pero tiene hasta el próximo 2 de agosto para entregar los recursos a las autoridades comunales, y se trata de un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, subrayó el dirigente indígena.

Otro caso es el de Uricho, municipio de Erongarícuaro, en el que el edil Juan Calderón ha boicoteado dos consultas ciudadanas –asambleas generales- organizadas por el Instituto Electoral de Michoacán para saber si la mayoría del pueblo está o no de acuerdo con un gobierno tradicional. “Ha habido otros alcaldes que también intentaron boicotear a los gobiernos comunales, como los presidentes municipales de Los Reyes, Santa Fe de la Laguna y Chilchota.

En el caso de Nahuatzen se trató de un conflicto político de mucha trascendencia, incluso los habitantes impidieron la colocación de propaganda y la instalación de urnas. Lograron recibir el presupuesto directo durante un año, pero después toda una campaña en contra de las autoridades tradicionales, finalmente fueron desconocidas, apuntó Pavel Guzmán.

Cabe señalar que la cabecera municipal de Nahuatzen ha sido una de las poblaciones purépechas que más luchó porque se reconociera al gobierno tradicional, incluso desde 2015 integró un consejo ciudadano indígena que desconoció al entonces alcalde perredista, Miguel Prado, lo que generó conflicto, enfrentamientos y arrestos.

Luego de permanecer más de tres años en prisión, en febrero de 2022, José Antonio Arreola y José Luis Jiménez Meza, integrantes del consejo ciudadano de esta población purépecha, así como el comunero Gerardo Talavera Pineda, fueron liberados, debido a que no se acreditó el delito de sabotaje, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ordenó su libertad inmediata. Igualmente les fue restituido su derecho a continuar como autoridades comunales.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla informó hoy que las 33 comunidades indígenas que se rigen por autogobierno en Michoacán, suman un presupuesto de 364 millones de pesos para la ejecución de obras y acciones para el desarrollo social y productivo de cada localidad, en beneficio de 142 mil habitantes.

Sin contar a Nurío y Cherán que lograron el reconocimiento al gobierno tradicional desde hace más de 12 años, se encuentran las comunidades de Comachuén, Tanaco, Tarecuato, Pichátaro, Santiago Azajo, Ahuirán, Pamatácuaro, San Isidro, Ocumicho, Sevina, Turícuaro, Jarácuaro, San Benito Palermo, Zacán, Peribán.

Así como Nuevo Zirosto, Sicuicho, San Matías el Grande, Arantepacua, Santa Fe de la Laguna, Janitzio, La Cantera, San Ángel Zurumucapio, Angahuan, Cheranátzicurin, San Felipe de los Herreros, Crescencio Morales, Donaciano Ojeda, Carapan, Jesús Díaz Tsirio, El Coire, San Cristóbal y Carpinteros.

Se estima que otras siete comunidades indígenas transiten al autogobierno este mismo año como Tecuena, San Felipe los Alzati y San Francisco Uricho, entre otras. En el caso de la isla de Tecuana -300 habitantes-realizará la consulta ciudadana el próximo 19 de agosto, y en caso que obtenga la aprobación del órgano electoral del estado, recibiría un millón de pesos, “que no parece mucho, pero las comunidades o hacen rendir hasta ocho veces más, sin contar que también se aprueba el cuerpo de seguridad local conocida como ronda comunitaria”. Concluyó Pavel Guzmán.