Jake Sullivan, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, anunció ayer el “pleno apoyo” del gobierno estadunidense al espacio internacional multipropósito que el gobierno de México planea establecer en el sur del país para ofrecer nuevas opciones de refugio y trabajo a las personas más vulnerables que actualmente se encuentran en nuestro territorio. El funcionario aseguró que dicha medida forma parte de una serie de “exitosas iniciativas de vías legales que el presidente Biden y el presidente López Obrador han acordado poner en marcha”, y aplaudió la amplia cooperación para administrar la frontera común de manera humana y ordenada como “un testimonio de los fuertes y duraderos lazos de amistad y asociación entre nuestros dos países”.
El proyecto al que se refiere Sullivan fue presentado el miércoles pasado por la canciller Alicia Bárcena. Se trata de un “espacio internacional multiservicios” para migrantes que se instalará en la región sureste y que, subrayó, no contempla tareas de control migratorio. Por el contrario, se trataría de ofrecer “servicios y alternativas de protección, documentación y movilidad laboral, en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y el Servicio Nacional de Empleo (SNE) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social”. La atención se dirigirá a migrantes que no son elegibles para optar a las nuevas vías regulares establecidas por Estados Unidos, a quienes se buscará acercar posibilidades de asilo y empleo, particularmente en proyectos gubernamentales de infraestructura.
Estas noticias dan cuenta de la profunda asimetría que prevalece en el compromiso y el enfoque de Washington y México en torno al drama migratorio. Por una parte, el gobierno mexicano, que dispone de recursos financieros infinitamente menores a los de Estados Unidos, invierte en el desarrollo social de las comunidades centroamericanas a través de programas sociales de probada utilidad (e incluso estudia la factibilidad de ampliarlos al Caribe). Asimismo, con el espacio internacional multiservicios destinará parte de su limitado presupuesto a crear oportunidades laborales para quienes han ingresado aquí con la expectativa de alcanzar suelo estadunidense.
Mientras tanto, Biden lucha en tribunales para mantener restricciones al derecho de asilo preocupantemente similares a las implementadas por su antecesor, Donald Trump, y su administración no ofrece ninguna claridad acerca de la forma que cobrará el “pleno apoyo” asegurado por Sullivan. También está clara la insuficiencia de las cuotas establecidas para pedir asilo a Washington: apenas 30 mil solicitudes al año (que no implican aprobación) para personas provenientes de Haití, Nicaragua, Cuba y Venezuela, así como “hasta” mil 450 citas diarias en centros de procesamiento estadunidenses para aquellos migrantes que se encuentran transitando por México; una oferta mezquina frente a cientos de miles de seres humanos que caminan hacia Estados Unidos para reunirse con sus familias, desarrollar su potencial profesional y laboral o ponerse a salvo de situaciones de violencia.
México no puede soslayar su deber de asistir a las personas en tránsito y velar por la vigencia de sus derechos humanos, pero es imperativo que la Casa Blanca cumpla con sus propias tareas, apoye al gobierno mexicano en el combate a la migración desde sus causas y respete el derecho universal a la petición de asilo.
