Este viernes, el Consejo General Consultivo (CGC) del Instituto Politécnico Nacional (IPN) podría avalar un sistema de denuncia de “malas prácticas” de su personal docente, en el cual los alumnos señalen la comisión de posibles faltas administrativas o académicas, en un esquema que ha sido cuestionado por diversos maestros, quienes lo consideran “punitivo” y señalan su posible “uso político”.

De acuerdo con un proyecto de protocolo que se discutiría hoy en el seno del CGC –del cual tiene copia este diario–, el objetivo de dicha iniciativa es “el mejoramiento de la actividad docente de una forma en que se libere de las malas prácticas que dentro del trabajo cotidiano se ha ido implementando y normalizando a lo largo del tiempo”.

Luego de señalar que las malas prácticas docentes surgen a partir de la “ausencia de valores” de algunos profesores y estudiantes, el documento indica que hubo 10 reuniones de trabajo en las que se identificaron las faltas más recurrentes en el IPN.

En el proyecto a discutirse hoy, dichas malas prácticas fueron divididas en administrativas y académicas. Entre las primeras figura cobrar por aprobar unidades de aprendizaje o por las prácticas y visitas escolares, condicionar la calificación por dádivas y tener inasistencias constantes.

Entre las segundas se mencionan “no cubrir el programa de estudios, no contar con planeación didáctica (de sus materias), no retroalimentar o no responder las dudas de los estudiantes, no respetar los criterios de evaluación, carecer de actualización pedagógica, no aplicar evaluaciones extraordinarias y no registrar calificaciones dentro del periodo establecido”.

Respecto de las posibles sanciones, el protocolo menciona aplicar desde una “invitación a corregir” una mala práctica hasta hacer exhortaciones públicas al supuesto responsable, pedirle que respete los derechos de los estudiantes y ordenarle que tome cursos de capacitación. Las denuncias de las faltas administrativas se enviarían a la oficina del abogado general para “dar inicio al procedimiento disciplinario que corresponda”.

Consultado sobre el tema, el profesor César Iglesias, secretario de Promociones Económicas de la sección 60 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, señaló que este protocolo atenta contra la libertad de cátedra instaurado en el IPN e implica el riesgo de que las sanciones por supuestas en realidad sean usadas como “arma de control político”.

De igual forma, cuestionó el hecho de que “en vez de mejorar la calidad educativa dando plazas a los docentes o mejores condiciones salariales, establezcan un contrato con la empresa American Trust Register” para llevar la gestión del protocolo.

Este diario solicitó al IPN algún comentario sobre el tema, pero al cierre de esta edición no había obtenido respuesta.