El subsecretario de Gobernación encargado de asuntos de derechos humanos, Alejandro Encinas, al igual que la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, que él encabeza, han quedado en circunstancias desfavorables luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) ha debido dejar su encargo a causa de la persistente obstrucción militar en puntos claves del caso de los 43 estudiantes que fueron desaparecidos nueve años menos dos meses atrás.

Encinas y la citada comisión detonaron la fase final del enturbiamiento paralizante del caso al dar a conocer un informe que incluyó datos no dados a conocer previamente al GIEI ni validados por este grupo. En ese contexto relampagueante se frenaron, por parte de la fiscalía federal de TortuGertz, las órdenes de aprehensión que se habían girado contra varios militares y se despidió al fiscal especial, Omar Gómez Trejo, que contaba con la confianza y aprobación de los familiares y defensores de los jóvenes desaparecidos, para sustituirlo por un personaje ajeno a las investigaciones.

Ayer, para salir al paso del duro informe final del GIEI, que en esencia señala la absoluta reticencia de los mandos militares a cumplir las órdenes de transparencia del presidente López Obrador, el subsecretario Encinas dijo mediante boletín de prensa que se atenderán las “recomendaciones” hechas por el multicitado GIEI, como si el punto crítico del asunto fuera el cumplimiento de un flujo burocrático, el despacho de asuntos “pendientes”, y no, como fue planteado por los dos expertos independientes que se quedaron a finiquitar su encargo, de un crítico incumplimiento del poder militar respecto a órdenes del poder civil y de un ocultamiento de información sumamente indicativo de conductas irregulares o delictivas de mandos y subordinados de la Sedena y la Marina.

Además, se está insistiendo desde flancos oficiales en que está por saberse el destino final de los normalistas de Ayotzinapa, lo cual sin duda significará un importante paso adelante en la búsqueda de la verdad sobre los hechos. Pero faltaría, y no hay que irse con el fulgor de lo inmediato, el ingrediente imprescindible de la justicia. Siendo muy positivo, no bastaría saber dónde murieron y dónde fueron enterrados o disueltos los cuerpos de los jóvenes, pues faltaría el castigo justiciero correspondiente a los involucrados y responsables superiores, no los hasta hoy encarcelados sino los jefes reales, políticos y militares, que encubrieron los hechos y los manipularon en un primer tramo (al grado de inventar una “verdad histórica”) sino, también, los que en el presente y hasta ahora se han negado a entregar información muy relevante de este caso. Verdad, pero también justicia.

No es inexplicable que el presidente López Obrador haya defendido la gestión y la figura políticas del impresentable gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, cuya gestión se ha caracterizado por la corrupción, el nepotismo y la frivolidad. Tampoco puede servir de consuelo que el ex futbolista profesional y político de alquiler tenga un saldo gubernamental menos peor que el del perredista Graco Ramírez, como argumentó el conductor de la mañanera.

El fondo del asunto está en las pretensiones de utilizar nuevamente a Blanco como carnada electoral, esta vez para tratar de potenciar el voto hacia Morena en la capital del país. Así lo ha dicho en Cuernavaca en varias ocasiones el mencionado personaje, ufano de brincar de uno a otro cargo cuando sea necesario. Cuauhtémoc, como el potosino Ricardo Gallardo, son incrustaciones al cuerpo gobernante marca 4T que contravienen las aspiraciones de la regeneración nacional, pero son aceptados en función de un pragmatismo extremo, como el que a estas alturas, desde la cúpula de la mencionada 4T, acaricia la posibilidad de hacer candidato a senador, diputado o alcalde capitalino al (todavía) gobernador de referencia. ¡Hasta el próximo lunes!