La trata de personas es un delito que no ha sido perseguido como tal en muchos casos, pues existen vacíos legales que impiden clasificarlo así, por lo que se requiere actualizar la ley, además de hacer ajustes al programa nacional en la materia, pues no sólo se publicó tres años y medio después de lo programado, sino que además presenta “serias deficiencias”, advierte un análisis de la cátedra extraordinaria Trata de Personas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Para la académica Cristina Hernández, la principal falla de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de Estos Delitos es que señala 10 tipos penales de este ilícito, lo cual genera impunidad y ya no es acorde con la realidad de hace más de 10 años, porque este crimen se está reconfigurando.

Apuntó que el programa del gobierno federal, publicado el 27 de diciembre de 2022 como parte del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, no considera dentro de la trata las violencias sexuales ni el trabajo forzoso o el infantil.

A unos días de que se conmemore el Día Mundial contra la Trata de Personas, la profesora Hernández consideró que el programa nacional del gobierno federal aborda las causas de la trata “de manera superficial en cuestiones de violencia de género, movilidad humana y en la complejidad del territorio nacional”, además de que no se hace ninguna referencia a la pandemia y a las múltiples crisis que se enfrentan a causa de su irrupción.

Agregó que el programa actual “es deficiente, establece indicadores muy pobres, trae diagnósticos de muchos años anteriores y no muestra una estrategia real; refleja desconocimiento y desinterés de quien está a cargo de esta política pública, lo cual es un despropósito, además de que no hay coordinación entre instituciones”.

Recordó que en 2022 se registraron poco más de 300 denuncias, las cuales ocultan la cifra real, pero consideró que lo más grave es que de ese total sólo 12 tienen sentencia condenatoria, lo cual refleja “el desinterés de servidores públicos tanto del ámbito federal como judicial a la violación a los derechos humanos”.

La profesora de la cátedra perteneciente al Programa Universitario de Estudios de Desarrollo de la UNAM cuestionó que este delito no se persiga con mayor precisión, a pesar de que ha aumentado entre los grupos más vulnerables de los mexicanos y ahora entre los migrantes que transitan por el territorio nacional.