La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó suspender el decreto que eliminó el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca (TJAEO) y destituyó a todos sus integrantes, para sustituirlo por el Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción (TJACCO) con nuevos magistrados, todo ello mediante un decreto propuesto por el gobernador Salomón Jara Cruz y aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso local.

Los ministros de la comisión de receso del máximo tribunal, Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, admitieron a trámite la controversia constitucional 396/2023, promovida por los magistrados a quienes se pretende destituir, y ordenaron que los quejosos permanezcan en sus cargos hasta que la SCJN resuelva el fondo de este juicio.

“Se concede la suspensión solicitada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca en los términos y para los efectos que se indican en este proveído”, señala el acuerdo publicado en los estrados del órgano.

Los efectos de la suspensión incluyen que el actual TJAEO no se modifique y siga en funciones, que sus actuales magistrados continúen en sus cargos, que no se interrumpa el pago de sus percepciones y, por tanto, que no se les entregue la indemnización prevista por destituirlos.

Posibles violaciones al derecho a la justicia

La medida cautelar se fundó en la posible vulneración del derecho humano a una justicia pronta y expedita, consagrado en el artículo 17 de la Constitución, pues se consideró que los oaxaqueños deben preservar su garantía de contar con un tribunal ante el cual puedan dirimir sus diferencias con la administración pública del estado.

En su demanda, los magistrados demandaron la invalidez “de todos los actos que deriven del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca en materia de justicia administrativa y combate a la corrupción”.

También impugnaban la futura publicación del decreto respectivo, pero sobre este punto específico los ministros Pérez y Gutiérrez les negaron la suspensión por tratarse de un hecho que aún no se ha concretado.

“Por ende, procede desechar la demanda respecto al ‘acto futuro de realización inminente consistente en la promulgación y orden de publicación en el Periódico Oficial del decreto’ impugnado”, concluye el acuerdo de admisión.

La eliminación del TJAEO fue aprobada el 22 de julio pasado en la 65 Legislatura estatal. La iniciativa fue entregada a los diputados sólo cinco minutos antes de la sesión y aprobada de inmediato para, tres horas y media después, celebrar otra sesión en la cual se nombró a los nuevos magistrados.

La oposición acusó que la iniciativa fue promovida por el gobernador morenista Salomón Jara Cruz y aprobada mediante violaciones al proceso legislativo.

Una vez que termine el receso en la SCJN, el primero de agosto, se definirá a qué ministro tocará estudiar este asunto.

El pasado martes, el Comité de Participación Ciudadana, organismo que preside el Sistema Nacional Anticorrupción, calificó la maniobra legislativa de “gravísimo golpe al estado de derecho”.

En corrillos políticos circuló la versión de que la eliminación del TJAEO sería una especie de “experimento” de control del Poder Judicial y causa temor de que pudiera extenderse a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.