Oaxaca, Oax., Desde que tomó posesión el gobierno estatal que encabeza Salomón Jara Cruz, el primero de diciembre de 2022, los acosos y agresiones a activistas, así como a defensores de la tierra y el territorio en la región del Istmo, se han incrementado “exponencialmente”, aseguraron integrantes de la misión civil de observación conformada por 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales, que documentaron violaciones a derechos humanos de personas que se oponen el proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT).

La misión se inició el pasado 25 de julio y concluyó oficialmente ayer; participaron el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, la Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo, Front Line Defenders, Brigadas Internacionales de Paz, así como Servicios para una Educación Alternativa y Servicios y Asesoría para la Paz, entre otros organismos.

Miembros de estas agrupaciones recorrieron varias comunidades afectadas por el CIIT, que es impulsado por el gobierno federal y defendido por la administración que encabeza el morenista Salomón Jara Cruz.

Indicaron que constataron acoso e intimidación por parte de funcionarios estatales y federales, principalmente en el campamento Tierra y Libertad de Mogoñé Viejo, municipio de Santa María Mixtequilla; en Santa Cruz Tagolaba, en Santo Domingo Tehuantepec, y en Puente Madera, en San Blas Atempa.

Asambleas a modo para avalar megaproyectos

En conferencia de prensa, las organizaciones participantes concluyeron que “en la ejecución del CIIT se están cometiendo violaciones a los derechos humanos de los habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas”, principalmente en lo concerniente a su derecho a la información.

Acotaron que también se transgrede el derecho a la libre determinación, pues las consultas sobre la realización de obras en comunidades y tierras ejidales o comunales no han existido o han sido amañadas; incluso se detectó la “participación” de personas fallecidas en asambleas en las cuales se aceptó realizar el CIIT.

Destacaron haber documentado transgresiones “a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamiento y criminalización, sobre todo contra quienes lideran la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio”.

Lo más preocupante, dijeron, es que “ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto”.

El agente municipal de Puente Madera, David Hernández Salazar, acusó que con Jara Cruz en el poder las presiones para que los comuneros de San Blas acepten la instalación de un polo de desarrollo en el Monte del Pitayal se incrementaron.

Recordó que al inicio de la actual administración estatal, él fue detenido y llevado al penal de Tanivet, en la región de los Valles Centrales.

Narró que al llegar al reclusorio se le informó que había una orden de detención en su contra por ataque a las vías de comunicación, y supo que existen órdenes de aprehensión contra otros 11 habitantes de San Blas que se oponen al CIIT.

Consideró esta acción una represalia del gobernador y su secretario de Administración, Antonino Morales, quien fue presidente municipal de esa localidad y urdió un fraude en una asamblea comunitaria, en la que “votaron” personas que no habitan en el pueblo o ya habían fallecido.