Una resolución de lectura fácil es un formato dirigido mayormente a personas que por diversos motivos no tienen la capacidad, la formación escolar o condiciones socioeconómicas que les permitan entender los alcances de la decisión jurisdiccional.

En noviembre de 2013, el Pleno del entonces Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, resolvió que la otrora Procuraduría General de la República (PGR) era administrativamente responsable de la actividad irregular que le imputaba la actora –una mujer indígena de Querétaro– ya que a ella y a otras dos mujeres de su comunidad les atribuyó indebidamente la comisión de delitos contra la salud, lo que propició su injusto encarcelamiento, pues fueron absueltas por la Primera Sala de la Suprema Corte Justicia de la Nación. Por tal actuación, la PGR fue condenada a indemnizar a la actora y a ofrecerle una disculpa pública.

Además de la importancia que por sí mismo tuvo el asunto y el resarcimiento económico por los derechos afectados; se elaboró una sentencia de lectura fácil, con la finalidad de facilitar a la actora la comprensión de su texto, aunado a que se le informó sobre su derecho a ser asistida por intérprete y defensores que tuvieran conocimiento de su lengua y cultura, conforme a lo dispuesto en los artículos 2 y 17 de la Constitución; el primero, reconoce la integración de grupos indígenas y tutela sus derechos, en tanto que el segundo numeral prevé el acceso a la justicia, misma que no hubiera sido efectiva de no haber adoptado esas medidas. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa vela por los derechos humanos.