En la reunión bilateral entre México y Estados Unidos, la representación mexicana hizo ver a los emisarios de Washington que cada año entran alrededor de 200 mil armas de manera ilegal al país. En ese contexto, los representantes de la Casa Blanca reconocieron que se trata de un “problema gravísimo”, pues gran parte de ese arsenal termina en poder de las bandas de la delincuencia organizada.
“Necesitamos que Estados Unidos nos ayude para decomisarlas en la frontera”, señaló la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, al exponer en la conferencia mañanera de ayer los resultados del intercambio en materia de seguridad que tuvieron al inicio de esta semana en Palacio Nacional los gobiernos de México, Estados Unidos y Canadá.
Indicó que mientras México ha decomisado 70 mil 571 armas de fuego, Estados Unidos apenas incautó 2 mil 955 con la llamada operación Southbound.
“En esta reunión binacional logramos el reconocimiento de Estados Unidos de este problema gravísimo, porque allá es legal (la venta), pero acá no, y lo que nosotros queremos es que nos apoyen para que podamos realmente detener el flujo, porque eso es lo que fortalece a los cárteles. Es el otro lado de la moneda, francamente”, subrayó la canciller ante el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El vecino del norte, apuntó, es el principal productor de arsenal en el mundo, pero gracias a las negociaciones de estos días, por primera ocasión en la historia de la relación binacional, Estados Unidos compartió con México información de lo que están haciendo para contrarrestar este delito.
Cuatro propuestas
Bárcena resaltó que en el intercambio, la administración mexicana planteó cuatro propuestas a su contraparte estadunidense: avanzar en mayor reciprocidad para incrementar los decomisos y aumentar la supervisión de quienes otorgan las licencias y de las tiendas, que son alrededor de 133 mil en Estados Unidos, para verificar si operan legalmente.
También, revocar permisos a los espacios que se haya comprobado que vendan productos a los cárteles (“esto nos parece fundamental”) e incrementar las detenciones de organizaciones de tráfico de armas de fuego y no sólo de los intermediarios.
La titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez, refirió que ambos países acordaron la detección electrónica de todas las armas de fuego incautadas en territorio nacional a las organizaciones criminales, y se dejó claro que 70 por ciento de los artículos asegurados en el país provienen de Estados Unidos. El combate a este ilícito ha sido parte central del gobierno mexicano en la cooperación con su vecino del norte.
Acuerdos
En los diálogos (el bilateral el lunes y el trilateral el martes) las delegaciones fueron encabezadas por Rodríguez; la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, y la asesora de Seguridad Nacional e Inteligencia de Canadá, Jody Thomas, que participó en forma virtual.
Los gobiernos de los tres países acordaron incrementar y fortalecer las acciones para cortar las cadenas de suministro mediante la vigilancia, inspección, supervisión y control de sus puertos y fronteras; crear un grupo de trabajo para evitar que los traficantes de drogas sintéticas usen las empresas comerciales legítimamente establecidas para sus fines, y reforzar la regulación del etiquetado de carga y el traslado de precursores químicos.
La titular de la SSPC destacó que ambas reuniones “fueron muy productivas” y refirió que México puso sobre la mesa su disposición a atender los problemas que se comparten como región, pero dejó en claro que su prioridad es lograr la pacificación del país.
La administración mexicana presentó sus avances sobre decomisos de drogas y precursores químicos, desmantelamiento de laboratorios clandestinos (mil 788) y el impacto en la capacidad económica de las organizaciones criminales con 1.6 billones de pesos, siguiendo la pista del dinero ilícito.
“Hemos acordado cooperar porque se trata de un asunto humanitario y de fraternidad universal (…) en materia de seguridad no hay frontera ni territorio para la impunidad”, subrayó Rodríguez.