Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014 exigieron ayer al presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión urgente, luego de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su último informe, evidenció los “ocultamientos, negativas y mentiras” del Ejército y la Marina para entregar información “vital y fundamental” para el caso.

Mario González, Cristina Bautista y Emiliano Navarrete ex-presaron, a nombre de los familiares de los estudiantes, que están profundamente dolidos por la salida del GIEI, debido a que no existen las condiciones para que continúe su labor ante “la cerrazón” de las fuerzas armadas para dar a conocer la información con la que cuentan.

En conferencia, enfatizaron que para ellos el único documento válido con las líneas a seguir en la investigación es el informe del GIEI, en el cual, como puntos torales, están las rutas por las que pudieron ser llevados los estudiantes desaparecidos.

“Nos sentimos muy tristes, enojadas y preocupadas por no alcanzar la verdad”, mencionó Bautista, madre de Benjamín Asencio.

Insistieron en que es apremiante que el jefe del Ejecutivo los reciba para poner sobre la mesa cuáles son los obstáculos reales en la investigación y que haga cumplir el decreto presidencial de 2018, que ordena a las fuerzas armadas y a las instituciones entregar toda la documentación que tienen sobre el caso.

En el auditorio del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), González, padre de César Manuel, consideró que el mandatario “está fallando” a su palabra. “No lo merecemos por lo que hemos hecho y luchado, lo que hemos sufrido y carecido. ¡Ya basta de tanta cerrazón!”.

Ríspida reunión con Encinas

Los familiares indicaron que tanto la información del GIEI como sus demandas fueron expuestas ayer al presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación.

Reconocieron que el encuentro fue ríspido; aunque no han roto trabajos con la Covaj, aclararon que “la posición es que no podemos seguir dialogando con otras autoridades” si no hay un encuentro con el presidente López Obrador, comandante supremo de las fuerzas armadas.

Encinas “dice que darán seguimiento al informe del GIEI, pero insiste en que no hay divergencias con su trabajo. Obviamente tenemos puntos discordantes ahí, que se vieron sobre la mesa”, explicó Vidulfo Rosales, abogado de padres y madres.

Santiago Aguirre, director del Centro Prodh, señaló que el caso se encuentra en un momento delicado. Recordó que en 2018 había tres pilares: el regreso del GIEI, la Covaj y el fiscal especial. Ahora ya no están los expertos y no hay un titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa en el que confíen.

Agregó que las organizaciones acompañantes no tienen agenda política: “somos defensores de derechos humanos”.

Miguel Álvarez, de Serapaz, destacó que en el informe del GIEI presentó dos claves importantes a seguir: que hubo participación del Ejército en los hechos y que se debe analizar la visión contrainsurgente que se tenía de los jóvenes.

Esto último, dijo, abre muchas preguntas. Por ejemplo: “¿Quién usó a quién? ¿El crimen organizado a gentes del Ejército por la corrupción? o ¿el Ejército al crimen organizado por razones de la contrainsurgencia?”

La jornada concluyó con la marcha mensual de padres y madres de los 43 estudiantes a ocho años y 10 meses de la desaparición de los jóvenes. En la movilización, que partió del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez, refrendaron que continuarán su lucha. “El caso no se va a quedar en la impunidad, vamos a seguir”.