El debate en torno a la seguridad energética se encuentra cada vez más activo. Se cuestiona ampliamente si esta parte del trilema energético es independiente del concepto de soberanía, pero sobre todo, se discute el rol que debe asumir el Estado para garantizar dicha seguridad. Primero, ¿qué es la seguridad energética? Es la capacidad de contar con el suministro de fuentes de energía de manera ininterrumpida, en el tiempo, lugar y cantidad que sean demandadas, al menor costo posible, para salvaguardar la vida y la economía de las personas.
Entonces, ¿debe el Estado ser sólo un regulador o debe participar activamente? ¿El mercado es suficiente para garantizar la seguridad energética? Claro que el Estado debe participar activamente, tener agencias reguladoras es algo inherente a él, pero no debe limitarse a eso. Diferentes hechos en los últimos años demuestran que la única manera de garantizar la seguridad energética, en toda su extensión, es cuando el Estado cuenta con propiedad dentro de la industria. Para ilustrar mi punto, vayamos con Estados Unidos. Existe la idea (errónea) de que el gobierno estadunidense no tiene ningún tipo de interferencia directa en su mercado energético, que todo en ese país se deja al libre albedrío del mercado y las “señales de precio”. Sin embargo, durante 2022 vimos uno de los mayores ejemplos de la participación estatal para garantizar la seguridad energética, el uso de la Reserva Estratégica de Petróleo” (SPR, por sus siglas en inglés).
La SPR es la reserva de petróleo más grande del mundo, y es mantenida y operada por el Departamento de Energía de Estados Unidos. A través de ella, el gobierno estadunidense decidió intervenir liberando un millón de barriles diarios (5 por ciento de la demanda total) después de amenazar con prohibir las exportaciones de hidrocarburos, toda vez que, siguiendo la lógica de los mercados, las empresas de ese país se encontraban exportando el crudo y sus derivados a Europa, donde los precios (y sus márgenes) eran mayores. En gran medida, eso le permitió terminar con el desabasto de gasolina en la costa Este en octubre de 2022. De no haber tenido mecanismos en los que el Estado tuviera propiedad, otra historia hubiera sido.
Ahora veamos el ejemplo europeo. El gran fundamentalista del mercado, Alemania, que seguía el mantra de “un Estado regulador es suficiente”, se vio obligado a intervenir de otras maneras; tuvo que nacionalizar (expropiar) Uniper (subsidiaria de Rosfnet) y una subsidiaria de Gazprom a la que adecuadamente renombró “Asegurando energía para Europa” (SEFE, por sus siglas en inglés). Habrá quien diga “pero esto fue derivado de una emergencia por el conflicto ruso-ucranio” y tendrá razón, pero es justo en dichas situaciones de emergencia cuando se demuestra si la política seguida es capaz de garantizar la seguridad energética o no. Como Alemania demostró al cambiar el curso 180 grados, la propiedad importa, tanto así que se vio obligada a cometer uno de los pecados capitales para el fundamentalismo neoliberal, nacionalizar una empresa.
Este cambio en la propiedad de SEFE (y de los contratos y obligaciones de la empresa) benefició de manera inmediata a Alemania (https://bloom.bg/3pTWhKB). Se comenzaron a romper contratos de gas natural que SEFE tenía con India y otros países para redireccionar el gas natural a Alemania y Europa. Ésta fue una de las causas de la caída del gobierno pakistaní. La propiedad importa, contrario a lo que los fundamentalistas dicen en México, pues sin dicha propiedad, Alemania no hubiera podido tomar esas acciones, no importa qué tan bueno fuera el regulador.
Los países europeos empiezan a entender que no tener autosuficiencia energética afecta su seguridad y por tanto su soberanía. Tanto, que han decidido que, al no contar (o no querer utilizar) recursos propios, lo mejor es formar un “cártel” (https://bloom.bg/3KbShMq) de compra de gas natural (suspendiendo la sacrosanta competencia) para ejercer poder de mercado en la compra, dictar el precio y evitar ser víctimas de extorsiones de los países y/o empresas que controlan el suministro.
La soberanía energética se ve siempre limitada por el grado de seguridad que se tenga en esa materia. A su vez, esta última depende de la autosuficiencia en la producción y de la propiedad estatal que se tenga de la misma (como vimos en Alemania y Estados Unidos), que permite tener espacio de maniobra a los tomadores de decisión. Estos conceptos están íntimamente relacionados y no es posible uno sin el otro. En momentos de crisis, dejar todo al mercado únicamente genera espirales de precio que terminan en ganancias extraordinarias, y claro, en detrimento de la población, llegando al extremo de generar muertes al no poder acceder a energéticos.
* Maestro en finanzas en el sector energético por la Universidad de Edimburgo. Especialista en temas energéticos.
Twitter: @aloyub;
