A pesar de su enorme contribución a la economía del país, es un sector invisibilizado y olvidado. Se les identifica con el retraso y la pobreza, pero son factor clave en una de las actividades económicas más productivas, dinámicas y generadoras de divisas.
Se trata de las personas jornaleras agrícolas. Pocos grupos de trabajadores merecen tanto ser calificados de proletarios como ellas. Además de sus brazos, sólo cuentan para subsistir con la ayuda de su prole que migra con ellos a los campos agrícolas. Pocos grupos son tan invisibilizados a las políticas públicas y tan ignorados en el cumplimiento de sus derechos como ellos.
Gracias en buena parte a las personas jornaleras agrícolas, en 2022 las exportaciones agroalimentarias del país ascendieron a 50 mil 133 millones de dólares, superaron en 27.9 por ciento la entrada de divisas por concepto de venta de productos petroleros al exterior, que sumó 39 mil 212 millones de dólares, y en 78.9 las correspondientes al turismo extranjero, que totalizaron 28 mil 16 millones de dólares el año pasado y sólo fueron superadas por las remesas (58 mil 497 millones de dólares [https://bit.ly/3Qd4VP4]).
Es el trabajo de las personas jornaleras lo que hace posible la exportación y generación de divisas de productos alimenticios no procesados como aguacate, tomate y jitomate, las berries –fresas y frambuesas–, frutas frescas, cítricos, diferentes variedades de hortalizas, chiles, etcétera.
Aunque es difícil estimarlo, se calcula que en México hay entre 2 millones y medio y 3 millones de personas jornaleras agrícolas. Su número es muy significativo si se considera, por ejemplo, que el cifra de trabajadores de la industria maquiladora de exportación es de 3 millones 127 mil personas.
Entre ellas hay una alta proporción de indígenas: 24 por ciento hablan una lengua indígena, proporción tres veces superior a la nacional. La gran mayoría de ellos son migrantes, van cambiando su lugar de residencia conforme se desarrolla el ciclo agrícola en las diferentes regiones del país. Los principales estados de origen de las personas jornaleras son aquellos donde hay más porcentaje de población en extrema pobreza: Guerrero, Veracruz, Oaxaca, México, Puebla y Chiapas. Los estados de destino son aquéllos donde hay más desarrollo de la agricultura comercial: Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua y Durango. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en un estudio de 2018, estima que los trabajadores agrícolas cuentan con 5.9 años de escolaridad en promedio, más de tres años por debajo de la media nacional.
Este sector es especialmente vulnerable a la violación de sus derechos, comenzando por los laborales: 93.4 por ciento carecen de contrato; 90.9 por ciento no tienen acceso a instituciones de salud por parte de su trabajo y 85.3 por ciento no cuentan con prestaciones laborales. El 33.3 por ciento de los jornaleros perciben hasta un salario mínimo y poco más de la mitad, 54.5 por ciento, perciben más de uno y hasta dos salarios mínimos ( https://bit.ly/3KdWCyD).
Además de las violaciones a sus derechos laborales, las familias de las personas jornaleras acusan graves violaciones en su derecho a los cuidados: según ONU Mujeres, 91 por ciento de las mujeres jornaleras no cuenta con prestación alguna por parte de su trabajo. Se estima que sólo entre 14 y 17 por ciento de los niños, niñas y adolescentes de estas familias acuden a la escuela; la extrema escasez de guarderías o estancias infantiles hace que muchos menores se queden en los campos y muchos sufran accidentes a veces mortales o picaduras de animales ponzoñosos mientras trabajan sus padres. Los servicios de salud son escasos y contadas veces cercanos a los campos de trabajo.
Recientemente se han agravado entre las personas jornaleras el alcoholismo y las adicciones, el fentanilo ya se hizo presente. Muchos tienen que acudir a los enervantes para soportar los agotadores jornales y las difíciles condiciones de trabajo. La falta de opciones de uso de tiempo libre, de deporte, cultura y actividades comunitarias hace que prolifere el alcoholismo y se dispare la violencia familiar, con las mujeres como víctimas en la mayoría de los casos. No hay instancias gubernamentales que atiendan esta problemática.
La migración constante, las extenuantes jornadas de trabajo, las adicciones, los pocos espacios para la actividad comunitaria funcionan además como mecanismos que desgarran el tejido social y como sistemas de control. No hay instancias de socialización de la experiencia cotidiana, de encuentro, de construcción de nuevas solidaridades, de organizaciones gremiales. Esto limita los movimientos reivindicativos y de protesta de este importante sector social. Como diría el clásico, les obstaculizan su constitución como clase social.
Tal vez por esto, los diversos órdenes de gobierno y los patrones se han olvidado y descuidado la atención efectiva a los derechos de las personas jornaleras y sus familias. La letra de la ley existe, pero son muy escasos el personal y los mecanismos efectivos para vigilarla y hacerla cumplir. Han desaparecido programas federales como el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas y no se han sustituido por otros.
No hay pretexto para descuidar a estas personas. Son pobres, gran parte de ellas indígenas, son muy trabajadoras y hacen un gran aporte a la economía del país. Su hora debe llegar.
