México fue anfitrión esta semana en dos encuentros internacionales enfocados en la cooperación para hacer frente a la amenaza del fentanilo, contrarrestar a las bandas de la delincuencia organizada y el contrabando de armas, y atender con perspectiva de derechos humanos el fenómeno de la migración. El lunes se llevaron a cabo conversaciones en materia de seguridad con Washington, al término de las cuales se difundió un comunicado conjunto en el que ambos países reconocieron que el flujo de miles de armas cada año hacia nuestro país “contribuye a la violencia y a la destrucción en ambos lados de nuestra frontera compartida”. El martes, la segunda Reunión Trilateral contra Drogas Sintéticas México, Estados Unidos y Canadá concluyó con grandes avances en cuanto a las acciones acordadas para abordar este asunto, considerado humanitario y de fraternidad universal.
Son de congratularse los adelantos logrados, el manifiesto clima de entendimiento y colaboración y los acuerdos alcanzados en estas reuniones. Asimismo, cabe celebrar que la Casa Blanca admita el peso de su industria armamentista en la crisis de seguridad y que se pronuncie con firmeza en torno a los agravios perpetrados por el ultraderechista gobernador de Texas, Greg Abbott, en contra de la soberanía mexicana, la comunidad migrante, los derechos humanos, la legalidad internacional y la propia legislación estadunidense que fundamenta una verdadera guerra a las personas en movilidad.
Sin embargo, es inocultable que persiste una marcada asimetría en los esfuerzos para atajar los problemas comunes. Mientras México ha incrementado los decomisos de fentanilo en mil 79 por ciento respecto al sexenio pasado, desmantelado mil 788 laboratorios clandestinos e impactado las arcas de la delincuencia organizada con 1.6 billones de pesos, Estados Unidos no ha hecho nada semejante en lo que le toca. Así lo puso de manifiesto ayer la secretaria de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, quien ilustró que cada año entran de manera ilegal a territorio mexicano alrededor de 200 mil armas de fuego, la inmensa mayoría de ellas, a través de la frontera norte. Frente a las incautaciones de 70 mil 571 artefactos efectuadas aquí por autoridades de los tres niveles de gobierno, Washington apenas aseguró 2 mil 955 dispositivos mediante su operación Southbound: un raquítico 1.5 por ciento del flujo anual.
Pese a que la superpotencia no ha cumplido con su parte, consistente en cortar el poder de fuego que cada año alimenta a las bandas del crimen organizado, México presenta una evolución positiva en el mandato de abatir los índices delictivos, como queda patente en las alentadoras cifras sobre reducción de homicidios presentadas por el Inegi. Pero será imposible completar la misión de devolver la tranquilidad a los ciudadanos en tanto Estados Unidos siga enviando un río de armas al sur de la frontera. No sería acertado atribuir la responsabilidad de este deplorable escenario a la administración del presidente Joe Biden, pues en su país se ha configurado un infranqueable bloqueo legislativo-judicial a todo intento de control de armas. Pero el político demócrata puede y debe al menos usar su investidura para concientizar a los ciudadanos acerca de la magnitud y los efectos del armamentismo; denunciar por sus nombres a los fabricantes y distribuidores de armas, así como a las personas y organismos que cabildean a favor de la industria de la muerte; debe, asimismo, evidenciar los discursos xenófobos que culpan a México de problemas originados o exacerbados por el fundamentalismo mercantilista que rige todos los ámbitos de la vida en Estados Unidos.
