El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá hizo suya la petición de organizaciones sociales de Querétaro para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) defina si es constitucional la Ley de Aguas de ese estado, cuyos críticos aseguran que permite la privatización del servicio y otorga concesiones para la explotación de acuíferos.

Se trata de un amparo indirecto promovido por organizaciones como Bajo Tierra Museo del Agua y Nosotros por la Democracia y contra la Ley que Regula la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, aprobada en mayo del año pasado por la mayoría panista del Congreso de Querétaro, a la cual se sumaron tres votos de diputados de un partido político local.

Argumentaban que esta norma tiene por objeto facultar a las autoridades estatales para ordenar, cuidar y garantizar el abasto del líquido con criterios de “certidumbre, competitividad y sustentabilidad”.

Para los quejosos, esa ley vulnera los derechos constitucionales al agua y a un medio ambiente sano, pues permite a la Comisión Estatal de Aguas local otorgar concesiones a empresas privadas con la finalidad de explotar este recurso por periodos de hasta 20 años, prorrogables por otros 20, dejando su manejo en manos de los vaivenes del mercado.

Este amparo fue desechado en primera instancia debido a que el juez consideró que las organizaciones no acreditaron interés legítimo, es decir, no comprobaron que dicha ley les causara un agravio como personas morales.

Por ello solicitaron a la SCJN que atrajera el caso y el ministro González Alcántara lo adoptó.

“El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá hace suya la solicitud de reasunción de competencia originaria para conocer del amparo en revisión 566/2022 (no fallado) del índice del primer tribunal colegiado en materias administrativa y civil del vigésimo segundo circuito”, señala el acuerdo publicado en los estrados del máximo tribunal.