Varios lotes de documentación de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y de la Secretaría de Marina (Semar) que contienen información “vital y fundamental” para dar con el paradero de al menos algunos de los normalistas desaparecidos, han sido vedados al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), después de ocho solicitudes que hizo en el año reciente de su trabajo en la coadyuvancia del caso Ayotzinapa.

Estos reiterados “ocultamientos, negativas y mentiras” por parte de las autoridades castrenses hacen “imposible continuar con nuestro trabajo”, explicó ayer uno de los expertos, Carlos Beristain. “Llegamos al límite de lo que se puede hacer”.

Con estas palabras y un emocionado “¡gracias papás y mamás!”, que hizo que a la penalista Ángela Buitrago se le quebrara la voz, los dos ultimos integrantes del GIEI que permanecieron, a pesar de las múltiples crisis y tormentas, presentaron su sexto y último informe en el auditorio del Centro Cultural Tlatelolco, lleno a tope.

En las primeras hileras, muchas ocupadas por mamás de los muchachos desaparecidos, algunas ya envejecidas y sin embargo al pie del cañón, habían echado mano de sus reservas de pañuelos. Estaban preparadas para esta despedida. Los expertos ya habían platicado con ellas largo y tendido. Blanca, una de las madres, les pidió: “Antes de irse cuenten todo lo que sepan; no se queden con nada”.

En este último informe, el GIEI reveló que hay otro fondo de datos que hasta ahora ha mantenido en secreto la Unidad de Inteligencia Naval, y que ha quedado oculta la participación de los marinos en el encubrimiento, ocultamiento y desviación de las investigaciones y en la construcción de lo que el ex procurador Jesús Murillo Karam llamó “verdad histórica”.

Semar, Cisen, policía: todos estuvieron y mintieron

Los investigadores recibieron hace apenas cinco días, justo para poder incluirla en el reporte, una pieza de información. Revela que la Unidad de Inteligencia Naval de la Marina operó en el basurero de Cocula y en la ribera del río San Juan el 27 de octubre de 2014, para fabricar la falsa escena del crimen del vertedero y, dos días después, “el hallazgo” en el lecho fluvial de una bolsa de plástico con supuestos restos. Ahí estuvo el director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, hoy prófugo en Israel.

Según el informe, la Marina instaló un destacamento en Coatepec de los Costales, municipio de Teloloapan, donde “debe haber un monitoreo e información sobre el destino de los muchachos”. Además, los investigadores corroboraron, incluso con fotos, que los marinos participaron en el arresto y tortura de los presuntos culpables, miembros de Guerreros Unidos, y que en esas acciones hubo al menos dos muertos.

El último informe, prolijo como los cinco anteriores, de más de 300 páginas, contiene otras novedades sobre la presencia de efectivos del entonces Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), la Policía Federal y la policía ministerial en la persecución de los estudiantes en Iguala, una circunstancia que esas corporaciones negaron todo el tiempo. Hay una orden de aprehensión contra un agente del Cisen.

Los expertos lograron determinar que el ahora preso general José Rodríguez Pérez, entonces coronel, se estuvo moviendo en esos sitios constantemente, según lo reflejan los datos de geolocalización de su celular. El alto oficial, que era comandante del 27 Batallón de Infantería, había asegurado que esa noche no salió de su cuartel.

Al finalizar una intensa sesión, en la que ambos expertos expresaron sentirse emocionados “y también frustrados”, un estudiante de la Normal Rural Isidro Burgos habló a nombre de los padres de los 43 desaparecidos, de sus compañeros y de los colectivos que buscan a sus seres queridos, para advertir que “este movimiento no ha perdido fuerza, porque saber que se tienen pruebas suficientes para dar con el paradero de nuestros compañeros, pero que no se quiere avanzar, nos da la fortaleza necesaria para continuar”.

El estudiante también le recordó al presidente Andrés Manuel López Obrador que “le queda un año para cumplir la promesa de solución que nos hizo”, y que para septiembre del año próximo, cuando se cumplan los 10 años de la noche de Iguala, ya habrá otro presidente electo en el país.

Sobre este punto, los dos expertos respondieron que tienen la esperanza de que, aún sin el GIEI, la investigación continúe, se profundice y supere los obstáculos y las mentiras que la aquejan actualmente. “No claudicaremos”, expresó Ángela Buitrago, pero Beristain acotó: “Existe el riesgo de que la mentira se institucionalice como respuesta. Eso es inaceptable”.

Carlos Beristain señaló que el Caso Ayotzinapa “es una palanca para el cambio en México, puede ser una oportunidad” para superar la pesada impunidad que aún prevalece sobre la desaparición forzada. “Nuestros informes son una herramienta para continuar”.

Los expertos anunciaron que hoy se reunirán con la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (Covaj), que encabeza el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, y en la que también estarán los padres y madres de los 43 estudiantes.

Movimientos de Semar y Sedena

Durante su investigación, el GIEI tuvo reuniones con el secretario de Marina, José Rafael Ojeda, y otros altos oficiales, quienes sostuvieron que la presencia de la Armada en la diligencia del río San Juan sólo fue para asegurar el perímetro de la zona y el trabajo de los buzos.

Hoy se conoce que esto es falso. El GIEI detectó indicios de operaciones secretas de la Unidad de Inteligencia Naval, incluso sobrevuelo de drones, en las inmediaciones del río San Juan los días 27 y 28 de septiembre, para preparar el “hallazgo” del día siguiente.

Los investigadores también determinaron que fueron marinos, no la entonces Procuraduría General de la República, como se sostuvo, quienes detuvieron ilegalmente a varios presuntos perpetradores, los llevaron a centros navales y los torturaron.

Semar dirigió y realizó acciones en Chilpancingo, Pueblo Viejo, Iguala, tramo Iguala-Teleolapan, Loma de Coyotes, Coatepec de Costales y otros sitios que han sido mencionados por distintos informantes como posibles paraderos de los jóvenes desaparecidos. A las solicitudes de información del GIEI, la Marina responde que “no existe”.

El GIEI obtuvo 16 transcripciones de mensajes y llamadas telefónicas interceptadas por la inteligencia militar y que se concentran en el Centro Regional de Fusión de Inteligencia, con sede en Iguala, del cual la Sedena aún sostiene que no existe.

En esas transcripciones de las fechas críticas de los hechos, se leen conversaciones de integrantes del crimen organizado sobre “los detenidos del desmadre de ayer”, de “los 11 que te tocaron”, de los que “traían detenidos aki en Chilpo”. Y uno que comenta “pobr de los papas e quomo an d star” (sic). Se habla que “tienen a 17 en una cueva”; que hay presiones para “soltar a algunos”.

Esos mensajes contienen claves para localizar los lugares a donde se llevaron a los 43 desaparecidos, como Pueblo Viejo y Loma de Coyotes. Durante siete años esta información estuvo oculta. Y aún hoy en día, con pruebas sólidas de su existencia, Sedena sostiene que “no existen”, que las conversaciones grabadas no se transcriben, que no tienen nada más.