Las actividades públicas que han llevado a cabo en meses recientes militantes tanto de Morena como de los partidos de oposición configuran sin duda actos anticipados de campaña, los cuales están fuera de la legalidad, ya que la fecha de inicio de precampañas previsto por la ley es noviembre de este año.
Así lo indicó Javier Martín Reyes, académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, quien advirtió que las autoridades electorales se han visto rebasadas para detener o regular estas actividades, lo cual entraña el riesgo de que los diversos partidos busquen la descalificación del registro de sus contrincantes o impugnen los resultados finales de los comicios, sobre todo si hay un triunfo por margen estrecho.
En entrevista con La Jornada, el académico señaló que “los dos procesos, tanto el de Morena como el del Frente Amplio por México son una simulación y un fraude a la ley, y hay que decirlo como es. En México tenemos tiempos específicos para las precampañas, que surgieron luego de que en 2000 se criticó, y con razón, que Vicente Fox arrancó una campaña anticipadísima”.
Al recordar por qué se fijaron plazos específicos para estas actividades, Reyes destacó que una de las razones es “tener más transparencia en el uso de los recursos y poder fiscalizarlos, para que haya equidad en las competencias, pero también por austeridad, pues se argumentó que si se reducían los tiempos de campaña, se iba a gastar menos”.
Ante lo evidente de los actos de precampaña en este momento, algunas autoridades plantearon frenar los procesos de Morena y la oposición, “porque los dos son igualmente ilegales y violatorios del principio de equidad en la contienda”, lo cual ya no se pudo lograr, mientras otras propusieron “hacerse de la vista gorda”, al considerar que las mencionadas actividades se hacían en el marco de la autonomía y la vida interna de los partidos.
Aunque la más reciente postura del Tribunal Electoral es alertar que estos actos sí pueden representar violaciones al principio de equidad en la contienda, “el problema que veo es que es muy difícil que se cumplan estos parámetros. Estamos en una situación donde los árbitros están dudando en marcar las faltas y sacar las tarjetas, y eso puede tener implicaciones más adelante”.
Entre ellas, puntualizó el experto, la aplicación de medidas cautelares y sanciones, y con mayor alcance, la petición de los diversos partidos de anular las elecciones de 2024, “que serán las más grandes de la historia, sobre todo si el resultado es muy cerrado. Existe el riesgo de que el partido se le salga de control a los árbitros, y ahí perdemos todos”.
