Sabido era y ahora se confirma: el poder militar (Sedena y Semar), sumamente potenciado en lo que va del sexenio, ha sido la barrera fundamental para impedir que se conozca la verdad de lo sucedido en Iguala con 43 estudiantes normalistas.

No es solamente un asunto del pasado, sino del presente; no es solamente lo que se hizo en tiempos de Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong y Jesús Murillo Karam, sino lo que se ha hecho (opacidad, incumplimientos, marrullerías, despidos) y lo que no se ha hecho en esta administración obradorista. Fue el Estado, era la consigna de lucha y protesta; hoy, familiares y activistas del caso Ayotzinapa la han puesto al día: sigue siendo el Estado.

El postrer informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) constituye una seria acusación institucional (a fin de cuentas, su actuar corresponde a un acuerdo formal entre el gobierno mexicano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos) respecto a las trabas y maniobras ejecutadas por las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, además de diversas corporaciones policiacas y fiscalías, para escamotear la esencia de lo acontecido en Iguala.

Pero el planteamiento central, el verdaderamente trascendente, se refiere no a lo directamente operativo, sino a las complicidades estructurales, a la correlación de fuerzas entre lo militar y lo civil, a la obediencia o desobediencia de los uniformados ante el poder presidencial o, desde otro ángulo, de la mutua dependencia de conveniencias entre esos dos poderes.

En el plano de la inmediatez, de la dura batalla electoral que en 2024 determinará el rumbo de la nación, hay voces pragmáticas que asumen las cesiones ante lo castrense (el salvamento judicial del general Salvador Cienfuegos; el encubrimiento de las responsabilidades en cuanto a los 43, no se diga en cuanto a empresas y negocios) como una necesidad táctica de entendimientos para enfrentar a una oposición que, según esas visiones, en la desesperación electoral sería capaz de cometer actos violentos (por ejemplo, el periodismo sicario o terrorista, que pretende culpar al presidente Andrés Manuel López Obrador de una eventual agresión a Xóchitl Gálvez).

Ante esas miradas complacientes, aparece el informe del GIEI, que confirma el rostro sabido de la militarización. El gobierno obradorista está ante una disyuntiva histórica: transitar de aquí al fin del sexenio con el discurso del compromiso con la verdad y la justicia, aunque la atadura política fuerte sea en realidad con el cuerpo militar centralmente involucrado en el caso Ayotzinapa, o demostrar fuerza y voluntad de cambio y obligar a los jefes militares a transparentar lo sucedido en Iguala y a que haya castigos ejemplares ante la tragedia que marcó al peñismo, para precisar no sólo la ruta y destino de los desaparecidos sino, sobre todo, el grado de complicidad entre las fuerzas castrenses, policiales y políticas que decidieron, ejecutaron y hasta ahora ocultan lo esencial de ese doloroso episodio aún no cerrado. ¿Sigue siendo el Estado?

Astillas

El periodista Paco Cruz ha publicado Las damas del poder, un libro con historias de las esposas de ocupantes de la silla presidencial, que siempre fueron “protegidas por el silencio de todo mundo, no sólo del Estado Mayor, sino del Presidente y de una prensa cómplice”. El texto busca desmitificar a tales damas y precisar “la dimensión política real” que tuvieron, pues jugaron “un papel mayor en la política de este país” (entrevista en video: https://goo.su/TqmoM)... Y, mientras López Obrador advierte: “estoy viendo ya una campaña; estoy sintiendo una campaña muy sucia, muy perversa, muy inhumana, muy autoritaria, fascista, de mucha maldad. Ojalá recapaciten, porque no estoy viendo que sea espontáneo, lo acaban de echar a andar, cuando mucho, hace una semana”, ¡hasta mañana!

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