A casi un año del derrumbe en la mina El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, la Coordinadora Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, aseguró que “hay decisión, compromiso y voluntad política” para que antes de que finalice esta administración sean recuperados los 10 cuerpos de los trabajadores que continúan sepultados en las entrañas del pozo de carbón.

En entrevista con La Jornada, señaló que los trabajos marchan conforme a la programado y ya se concluyó con éxito la fase de taponamiento, que es “la obra más importante” para evitar el ingreso de agua de otras minas y se está verificando su efectividad.

Una vez que se tengan los resultados de “las pruebas de eficiencia” y se confirme que no hay más filtraciones, el próximo viernes o sábado comenzarán la excavación controlada con fines de búsqueda y la recuperación de los cuerpos, indicó.

La funcionaria puntualizó que a la fecha se han destinado 600 millones de pesos en los trabajos de rescate y “no hay un limite”, pues la instrucción presidencial es clara: “todo el recurso necesario vale la pena para poder darle esa tranquilidad a las familias.

“Recuperar los cuerpos de los mineros es un deber del Estado de México y será un compromiso cumplido por el gobierno de México, que no terminará sin haberlos rescatado”, sostuvo.

Velázquez Alzúa explicó que los tapones se colocaron en tres sitios al interior de la mina por donde se detectó se filtraba el agua y fueron sellados con grandes paredes de concreto a 60 metros de profundidad del yacimiento, donde se estima están los cuerpos de los mineros que quedaron atrapados el 3 de agosto de 2022.

Indicó que las labores más recientes consisten en comprobar la eficiencia de los tapones mediante la extracción de agua “de manera estudiada, no intempestiva”. A diario se miden los niveles para verificar que no se vuelva a inundar la mina localizada en el ejido El Mezquite.

La zona donde se iniciarán las labores de búsqueda y recuperación será el pozo cuatro, en el cual se estima estén los cuerpos de los 10 mineros y ahí “las familias tienen la esperanza” de su ubicación.

Al recordar el compromiso que el gobierno federal asumió con los familiares de los trabajadores, la titular de la CNPC detalló que en las obras de rescate han participado 210 trabajadores de la empresa contratista, entre personal de campo y administrativo, que desde hace casi un año han laborado en brigadas las 24 horas del día para la construcción de un tajo a cielo abierto consensuado con un grupo multidisciplinario (geólogos, geotécnicos, mineros, geofísicos e ingenieros) y en conjunto con los familiares, “no hacemos nada sin que ellos lo autoricen”.

Incluso, los propios deudos han sido empleados por la empresa, para que de primera mano comprueben las labores y los resultados. Indicó que llegó a contratar a 10 trabajadores de los familiares directos y actualmente cuatro aún participan en las tareas de rescate; en tanto que, por parte de la Comisión Federal de Electricidad, se requirió a dos familiares.