Washington. El juez federal Jon Tigar, del distrito norte de California, bloqueó ayer una norma que permite a las autoridades negar asilo a los migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México sin antes solicitarlo en línea o sin haber buscado protección en un tercer país de paso, aunque retrasó la aplicación de su fallo 14 días para dar tiempo al gobierno de Joe Biden de apelar.

El Departamento de Justicia impugnó de inmediato el fallo y pidió que se suspendiera en lo que se escucha el caso.

Las nuevas reglas, aplicadas desde mayo pasado tras la eliminación de la norma sanitaria conocida como Título 42, restringen en la práctica el acceso al asilo, al obligar a los migrantes a pedir cita a través de la aplicación CBP One, o tramitarlo en los países por los que pasan, acogiéndose a un permiso de reunificación familiar o a un programa que autoriza la entrada de 30 mil personas por mes de Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití por motivos humanitarios.

La nueva política incluye excepciones, como los niños no acompañados, si los migrantes demuestran que no han podido acceder o usar la aplicación móvil o si lo solicitaron y se les negó en otro país.

Ante este escenario, Tigar determinó que “la regla (que ha regido por dos meses) no puede permanecer vigente”.

La sentencia es una victoria, pero cada día que el gobierno de Biden prolonga la lucha legal, muchas personas que huyen de la persecución y buscan un refugio seguro para sus familias corren grave peligro, señaló en un comunicado Katrina Eiland, abogada de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, quien presentó los argumentos en el caso.

Otros grupos defensores, entre ellos la Alianza Américas, argumentaron que la norma viola una ley federal que protege el derecho al asilo sin importar la manera en que la persona ingresa al país.

Denunciaron que la medida obliga a los migrantes a buscar protección en países que no tienen un sistema de asilo y protecciones a los derechos humanos tan sólidos como Estados Unidos. También argumentan que CBP One no tiene citas suficientes ni está disponible en distintos idiomas.

El gobierno ha argumentado que los sistemas de protección han mejorado en otros de los países por los que los migrantes atraviesan. Pero Tigar comentó que no es viable para algunos migrantes buscar protección en un país de tránsito, y destacó la violencia que enfrentan algunas de estas naciones, en particular México.

“Mientras esperan una resolución, los solicitantes de asilo deben esperar en México, donde por lo general los migrantes enfrentan un mayor riesgo de violencia tanto por actores estatales como no estatales”, escribió el juez.

Precisó que la norma es ilegal porque asume que las personas son inelegibles para obtener asilo si ingresan al país entre puntos fronterizos oficiales. Pero destacó que el Congreso dijo explícitamente que eso no debería afectar si alguien es elegible o no para obtener asilo.

El juez también rechazó los argumentos del gobierno de que había puesto a disposición otras vías para que las personas vinieran a Estados Unidos y que eso debería tomarse en cuenta. El gobierno mencionó un programa que permite la entrada hasta de 30 mil migrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela siempre que cuenten con un patrocinador y lleguen vía aérea al país, pero el juez aclaró que esas vías no están disponibles para todos los migrantes.

El gobierno federal también arguyó que estaba permitiendo el ingreso de “posiblemente cientos de miles de personas” al país a través de CBP One.

Los migrantes utilizan la aplicación para programar una cita y presentarse en la frontera con la finalidad de entrar a Estados Unidos y solicitar asilo. Tigar destacó que la demanda supera mil 450 citas diarias que se encuentran disponibles actualmente.

Al respecto, el secretario del Departamento de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas, manifestó estar “en total desacuerdo con la sentencia”.

Mayorkas llamó a los migrantes a no creerse “las mentiras de los traficantes”, porque quienes no utilicen las vías legales se exponen a “una expulsión inmediata”.

Un día después de que el gobierno de Texas fue demando por la barrera de boyas en el río Bravo, el gobernador de ese estado, Greg Abbott, tuiteó: “Biden se niega a hacer cumplir las leyes federales que prohíben los peligrosos cruces fronterizos irregulares entre los puertos de entrada”.

Agregó que “Texas se enfrentará en la corte con la administración de Biden para defender agresivamente nuestra autoridad soberana. Las políticas de fronteras abiertas de Biden crearon este desastre humanitario”.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos notificó antier al gobierno texano que la barrera flotante de boyas que colocó sobre el río Bravo viola la ley federal y plantea problemas humanitarios para los migrantes que cruzan hacia el territorio estadunidense desde México.