México reclama a fabricantes y comercializadoras de armas estadunidenses una indemnización de 15 mil millones de dólares por las pérdidas que grupos criminales han causado en el país con el uso de esos productos, informó ayer Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

La delincuencia tiene acceso a esas armas por la “irresponsabilidad de las empresas”, dijo Celorio al final de una nueva audiencia en el juicio iniciado por el gobierno mexicano contra los armeros.

La Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston escuchó este lunes los argumentos orales de la demanda mexicana, en una audiencia celebrada en esa ciudad.

En una videoconferencia, el abogado de la cancillería expuso sobre el reclamo económico: “Según estimamos, el gobierno de México ha gastado cerca de 15 mil millones de dólares, arribita de 5 por ciento de su producto interno bruto, en responder a la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas”.

Ante el crimen, México “tiene que responder con recursos de los contribuyentes que se podrían utilizar para pagar servicios de salud, o de educación, o para generar mayor infraestructura en nuestras comunidades rurales”, explicó Celorio.

“De eso se trata el reclamo. Hemos perdido a funcionarios, vidas humanas, (ha habido) heridos, (se ha invertido en) servicios sicológicos, servicios médicos, servicios funerarios, para remplazar vehículos, aeronaves. Hay muchos gastos en los que ha incurrido el gobierno de México con dinero de los contribuyentes para responder a este flagelo del tráfico ilícito de armas desde Estados Unidos”, subrayó.

Agregó que será un proceso judicial largo y que estima que tan sólo la apelación demore entre seis y ocho meses.

El debate

Durante la diligencia, Noel Francisco, abogado de Smith & We-sson, una de las empresas demandadas, afirmó que México no tiene argumentos para justificar una excepción a la Ley de Protección del Comercio Legal en Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), la cual protege a las empresas que fabrican y venden equipos bélicos de cualquier acción legal por los daños causados por el uso de sus productos.

“Hay fabricantes con permiso, que venden a distribuidores con permiso, que venden a minoristas con permiso, que venden a personas que cumplen los requisitos de la ley federal, pero algunos de ellos resultan ser compradores falsos”, afirmó, citado por la agencia Reuters.

Celorio explicó que los abogados de la SRE buscan revertir un fallo de septiembre del año pasado, del juez F. Dennis Saylor IV, del Tribunal Distrital en Massachusetts, quien desestimó la demanda mexicana de aplicar la excepción a la citada ley.

El gobierno mexicano expuso en esta diligencia que la PLCAA no puede tener efectos extraterritoriales, pues lo que se reclama son los daños causados en nuestro país y no en Estados Unidos.

También argumentó que si la corte de apelaciones decide que la PLCAA está vigente, entonces se puede recurrir a las excepciones que esa misma ley permite.