Este grupo fue un mecanismo sin precedente en el sistema de la Organización de Estados Americanos (OEA), con facultades para una investigación del orden penal en México. Desde el inicio, según documentos militares revelados a lo largo de los trabajos, enfrentó la animadversión de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que consideró que el convenio para el trabajo de los expertos “no se negoció con el cuidado requerido”, lo que dio pie a que el GIEI hiciera “reclamos absurdos” y “creara controversias”.

Por el contrario, los investigadores se ganaron la confianza de padres y compañeros de los 43 desaparecidos.

A lo largo de los 100 meses transcurridos, sólo cuatro años han sido de trabajo efectivo, ya que al finalizar su primer año y publicar su demoledor segundo informe, el gobierno de Enrique Peña Nieto los expulsó del país. Transcurrieron cuatro años de parálisis para el caso.

A petición de las familias, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador renovó el mandato. Vino la pandemia y pasaron dos años más para que el GIEI pudiera regresar.

Tras enfrentar dos crisis el año pasado, con la Fiscalía General de la República y la Comisión para la Verdad y la Justicia (Covaj), el GIEI se mantuvo un semestre más.

Hasta hoy. Deja en México importantes logros para las víctimas. Por un lado, al demoler la versión de la incineración de todos los cuerpos, impidió que se consolidara un relato oficial, falso, que hubiera detenido desde el principio la búsqueda de los normalistas. Demostró que el Ejército no fue ajeno a los hechos de Iguala. Y por último, allanó el camino para que el ex procurador Jesús Murillo Karam y 10 militares (faltan seis) fueran encarcelados y juzgados.

Lo que no logró fue que la Sedena abra el candado que mantiene en secreto piezas fundamentales para la investigación y, sobre todo, para la localización de los estudiantes.

“Dígannos siempre la verdad”

Dos meses después del ataque en Iguala, el entonces procurador Jesús Murillo Karam pretendió cerrar el caso como “homicidio”, eludiendo la clasificación de desaparición forzada (7 de noviembre de 2014). Aseguró que todos los muchachos habían sido asesinados e incinerados en una hoguera en el basurero de Cocula y sus cenizas arrojadas a un río cercano. No quedaba ni rastro. Caso resuelto, fin de la búsqueda.

Los cinco expertos llegaron a México en marzo de 2015. Eran los colombianos Ángela Buitrago y Alejandro Valencia, la guatemalteca Claudia Paz y Paz, el chileno Francisco Cox y el español Carlos Beristáin. Los padres les hicieron una súplica que hasta la fecha es el eje de su actuación: “Dígannos siempre la verdad, no nos mientan”.

Primer informe

El GIEI rindió su primer informe el 6 de septiembre. Los hallazgos cayeron como bomba sobre lo que Murillo Karam había bautizado como “verdad histórica”. Con nuevos peritajes y evidencia científica, el grupo descartó el relato de que todos los muchachos habían sido asesinados e incinerados en Cocula.

La investigación reveló que la entonces Procuraduría General de la República sólo situó cuatro autobuses en el lugar de los hechos. Hubo un quinto autobús (Estrella Roja 153). Los estudiantes que iban en este último, y otro, están desaparecidos.

El GIEI insistió en que debía investigarse la complicidad del crimen organizado con todas las corporaciones de seguridad locales, los militares y autoridades municipales. La famosa “conexión Iguala-Chicago” del tráfico de heroína (derivados de los grandes plantíos de amapola en la región).

A las pocas semanas el procurador general fue removido del cargo.

Amplían hallazgos

El 24 de abril de 2016 el grupo amplió sus hallazgos: documentó una “coordinación perfecta” entre las corporaciones presentes, policías municipales de Huitzuco, Cocula e Iguala, el Ejército y policías estatales y federales, para impedir que saliera de la ciudad alguno de los autobuses atacados; confirmó que las declaraciones de los detenidos fueron obtenidas bajo tortura; presentó evidencias de cómo, bajo la coordinación del director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, se “fabricó” la prueba del hueso encontrado en el río San Juan, que según periciales científicas de ADN realizadas en Innsbruck resultaron ser de uno de los normalistas, Alex Mora. Y comprobó que los 43 estudiantes fueron separados. A uno de estos grupos, de 11 muchachos, los llevaron a la barandilla de la policía municipal. Ellos forman parte de los 43 desaparecidos.

El gobierno de Peña Nieto se negó a renovar el mandato del GIEI.

Encubrimiento

El 28 de marzo del año pasado, el reporte dio nuevas luces por los documentos desclasificados, si bien insuficientes. Ubicó papeles con información relevante que el Ejército nunca compartió con otros entes investigadores. Señaló espionaje a los estudiantes, presencia de militares y marinos en todos los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014. Reveló el papel preponderante que jugó la Marina en esos escenarios y en el encubrimiento.

Recta final

En la recta final del trabajo del GIEI, fueron claves los meses de agosto, septiembre y octubre de 2022. El 18 de agosto la Covaj presentó sus conclusiones: reconoció que lo sucedido en Iguala fue “un crimen de Estado”. El subsecretario Alejandro Encinas presentó pantallazos de WhatsApp con comunicaciones entre autoridades (varios militares incluidos) y grupos criminales. La información, que no fue compartida ni con el fiscal especial Omar Gómez Trejo, arrojaba que algunos normalistas seguían vivos después del 27 de septiembre.

En su cuarto informe, en septiembre de 2022, el GIEI desechó la validez de los pantallazos como pruebas, denunció la “intromisión indebida” del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, por poner en riesgo la consolidación de un caso firme contra Murillo Karam y propició la cancelación de las órdenes de arresto dictadas.

Esa falla benefició a 10 soldados del 27 Batallón de Infantería del Ejército, que estuvieron la noche de los hechos en las escenas del crimen, dirigidos por el capitán José Martínez Crespo y el teniente Alejandro Pirita, por orden del entonces coronel José Rodríguez. Gómez Trejo se vio obligado a renunciar. Por todo ello, dos integrantes del GIEI, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, se retiraron de la investigación.

En marzo de 2023, el GIEI presentó su quinto informe. Denunció nuevamente obstrucción de la investigación y ocultamiento deliberado de información “crítica” por parte de mandos del Ejército, a pesar de las órdenes expresas de López Obrador de “abrir todo”.

La pieza faltante sobre la gestión del GIEI en México se conocerá hoy. Queda en el aire la pregunta de si al final del camino prevalecerá un relato incompleto, con vacíos y silencios, o si aflorará toda la verdad sobre lo que sucedió con los 43 estudiantes. Toca ahora a las madres y padres de los normalistas y a sus defensores en los centros Tlachinollan y Pro Juárez recorrer el resto de la ruta sin el respaldo de Buitrago y Beristáin.