Austin. El Departamento de Justicia de Estados Unidos demandó ayer al gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, por la barrera de boyas que colocó en el río Bravo para evitar que los migrantes crucen desde México.

La querrella solicita a un juez federal en Austin que obligue al estado a retirar la fila de enormes boyas anaranjadas que se extiende unos 305 metros, la cual el gobierno federal asegura que plantea preocupaciones ambientales y humanitarias.

La barrera “supone una obstrucción no autorizada a la navegación en aguas de Estados Unidos. Alegamos que Texas ha incumplido la legislación federal al instalar una barrera en el río Grande (como es nombrado en Estados Unidos) sin autorización”, explicó la fiscal general adjunta Vanita Gupta.

La barrera flotante ha provocado protestas diplomáticas de México y corre el riesgo de dañar la política exterior de Estados Unidos, añadió la funcionaria.

El gobierno de Abbott colocó las boyas sin notificar a la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA) ni al Cuerpo de Ingenieros del ejército de Estados Unidos. El gobierno de México solicitó la intervención de la presidencia de Joe Biden, al asegurar que la barrera viola los tratados internacionales.

El “muro acuático” colocado entre las ciudades fronterizas de Eagle Pass y Piedras Negras es la más reciente escalada en la operación de seguridad fronteriza emprendida por Texas, que también incluye cerca con alambre de púas, detención de migrantes bajo cargos de invasión a propiedad privada y el envío de solicitantes de asilo hacia estados con gobiernos demócratas.

Los opositores han puesto en tela de juicio desde hace tiempo la efectividad de la operación Lone Star, que ha estado en vigor por dos años. Además, el testimonio de un elemento de la Patrulla Fronteriza estatal la semana pasada sobre que los alambres causan heridas a los migrantes ha puesto al operativo bajo el microscopio.

En anticipación a la demanda, Abbott envió a Biden una carta en la cual defiende el derecho de Texas a instalar la barrera de boyas. Acusó al mandatario de poner en riesgo a los migrantes al no hacer más para disuadirlos de realizar el viaje a Estados Unidos.

“Texas lo verá en la corte, señor presidente”, escribió Abbott en su misiva publicada en redes sociales.

En entrevista con Bret Baier, de Fox News, el gobernador afirmó que dispositivos como la barrera flotante habían repelido a “decenas de miles, tal vez cientos de miles” de personas que intentaban cruzar la frontera.

El gobierno de Biden ha dicho que el número de cruces fronterizos irregulares ha caído de manera significativa desde mayo, cuando se implementaron nuevas reglas de inmigración.

En junio, el primer mes completo desde la entrada en vigor de las nuevas medidas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus iniciales en inglés) reportó que los encuentros con migrantes se redujeron 30 por ciento respecto del mes previo, y que era el nivel más bajo desde el primer mes de Biden en la presidencia.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, aseveró que las políticas de Abbott han dificultado el acceso de los agentes de la Patrulla Fronteriza al río.

“Son acciones ilegales que no ayudan y socavan lo que el presidente ha propuesto” en la materia, afirmó.

La vicepresidenta Kamala Harris también criticó a Abbott y calificó sus tácticas de “inhumanas, escandalosas y antiestadunidenses”, durante un discurso en Chicago, informó el portal Politico.

En una misiva enviada la semana pasada, el Departamento de Justicia dio a Texas hasta ayer para comprometerse a retirar la barrera o enfrentaría una demanda. El texto decía que las boyas “representan un riesgo a la navegación y a la seguridad pública en el río Grande, y genera inquietudes en materia humanitaria”.

No es la primera vez que el gobierno de Biden presenta una demanda contra Texas por sus acciones en la frontera.

En 2021, Merrick Garland, secretario de Justicia, acusó al estado de usurpación e incluso de interferir con la responsabilidad del gobierno federal para la aplicación de leyes de inmigración, después de que Abbott otorgó a los patrulleros estatales facultades para detener vehículos que transportaran a migrantes con el argumento de que podrían incrementar la propagación del covid-19.

En tanto, el gobierno estadunidense impulsa un nuevo proceso migratorio que permitiría a personas de Colombia, El Salvador, Guatemala y Honduras reunirse con parientes que sean ciudadanos o residentes permanentes regulares, informó el Departamento de Servicios de Ciudadanía e Inmigración. Los interesados deben llenar el Formulario I-130, estar fuera de Estados Unidos y cumplir con todos los requisitos médicos y de evaluación rutinarios; además, no pueden haber recibido una visa de inmigrante.