Quito. El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró ayer estado de excepción y toque de queda nocturno en tres zonas costeras del país, en medio de una ola de violencia el fin de semana que ha dejado al menos ocho muertos.

Lasso declaró que tomó esta medida por 60 días en las provincias de Manabí y Los Ríos y en la ciudad Durán, aledaña a Guayaquil, luego de que Agustín Intriago, alcalde de la ciudad portuaria de Manta, fue asesinado antier.

Intriago fue víctima de disparos con armas de alto calibre cuando visitaba obras municipales en una populosa vecindario de Manta. Junto al edil murió una deportista de 28 años, identificada como Ariana Chancay, que estaba cerca del funcionario y fue alcanzada por una bala.

No se ha informado sobre los motivos del ataque, ni de los presuntos autores, aunque Intriago era uno de los ocho alcaldes que ya contaban con seguridad policial tras un análisis de los perfiles de riesgo. Hay otras 17 solicitudes de seguridad en curso, informó este mes la Asociación de Municipalidades de Ecuador.

Ese episodio se sumó a los disturbios del fin de semana en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, donde se produjeron enfrentamientos entre bandas.

La decisión se agrega a otras medidas de emergencia hechas por Lasso en los últimos años, mientras Ecuador lucha con disturbios en las cárceles y episodios violentos en su territorio.

El crimen organizado permeó al Estado: Lasso

“No podemos negar que el crimen organizado ha permeado al Estado, a las organizaciones políticas y a la misma sociedad, es un problema gestado hace más de una década”, declaró Lasso tras una reunión de su gabinete de seguridad. “Este es el asunto más importante del Ecuador”.

Los enfrentamientos en la cárcel el fin de semana dejaron al menos seis reos muertos y 11 heridos, declaró la agencia penitenciaria SNAI. Luego de los hechos violentos, los reos retuvieron a 96 agentes de seguridad penitenciaria en las cárceles de Cotopaxi, Azuay, Cañar, El Oro y Napo, y siguen una huelga de hambre que inició antier en 13 de los 36 penales ecuatorianos.

El sistema penitenciario del país enfrenta problemas estructurales desde hace décadas, pero la violencia carcelaria se ha disparado desde 2021.