Guanajuato, Gto., La Secretaría de Desarrollo Social y Humano (Sedeshu) del gobierno panista de Guanajuato ha beneficiado con el programa de Vales Grandeza a 771 funcionarios públicos y a 28 proveedores, a pesar de que está dirigido a ciudadanos en “situación de vulnerabilidad por falta de ingresos”, denunciaron diputados locales de Morena ante la Fiscalía General del Estado (FGE).

En la querella se detalla que “en el informe de revisión de la cuenta pública del Poder Ejecutivo de 2021, realizado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), se identificó a 799 personas beneficiarias que fueron proveedores de alguna entidad de gobierno o funcionarios de las administraciones municipales y estatal”.

Los legisladores explicaron que el 16 de mayo de 2023, en la sesión de la Comisión de Hacienda, fue cuestionado el auditor superior, Javier Pérez Salazar, por no emprender acciones legales ante las irregularidades encontradas.

Acusaron que “no llevó a cabo un procedimiento de auditoría adicional para descartar responsabilidades penales o administrativas; se limitó a hacer una recomendación sobre la necesidad de regular el proceso de evaluación de solicitudes”.

El comité del programa Vales Grandeza tiene un margen amplio de discrecionalidad y se puede incurrir en el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, tipificado en el artículo 253-b del Código Penal, precisaron.

Esa disposición estipula que los servidores públicos cometen el delito de uso lícito de atribuciones cuando, “teniendo a su cargo fondos públicos, les dé una aplicación distinta de aquella a que estuvieren destinados”.

En la denuncia puntualizan que en 2020, sin estar contemplado en el presupuesto de egresos, el gobierno estatal destinó 106.5 millones de pesos para dicha ayuda.

De acuerdo con las reglas de operación, la iniciativa apoya la compra de alimentos de la canasta básica a comercios locales a través la entrega de vales nominativos, los cuales serán otorgados a hombres y mujeres mayores del estado que manifiesten su situación de carencia de ingreso.

Los legisladores revelaron que en ese año no se reportaron las metas del programa ni hubo seguimiento, a pesar de que se ejerció el total de los recursos.

Señalaron que en 2021 el programa fue incluido en el presupuesto de egresos con un monto de 40 millones de pesos, una disminución de 62.4 por ciento respecto del año previo.

En las reglas de operación de 2021, según reconoció la ASE, “no se indica cómo evaluará el comité los criterios de elegibilidad del programa y la determinación de la población objetivo”, aclararon.