Tal como vaticinamos, desafortunadamente la xenofobia antiinmigrante se ha convertido en núcleo y emblema de las precampañas presidenciales en Estados Unidos, sobre todo entre los aspirantes republicanos y sus aliados más visibles. Al mismo tiempo, las fuerzas de ultraderecha ganan terreno en Europa, disputando ya la conducción del gobierno en España, cuyas elecciones generales fueron ayer, donde, ganen o pierdan, habrán avanzado significativamente.
Comenzando por nuestro continente, pareciera que, de cara a la renovación de los poderes federales de nuestros principales socios comerciales, el eje de la discusión fuera qué precandidato presenta el proyecto más radical para hacer más hostil la permanencia de los inmigrantes que ya viven, trabajan, consumen y pagan impuestos en ese país; también, cómo hacer más difícil, atentatorio contra los derechos humanos, la epopeya de ingresar a su territorio.
Tanto el ex presidente Trump, como el ex gobernador de Florida Ron De Santis y el vicepresidente Mike Pence buscan la candidatura, apelando fundamentalmente al sentimiento antiinmigrante de los sectores más conservadores de Estados Unidos, los segmentos poblacionales que no reconocen la enorme contribución de quienes provienen de fuera a la construcción de las bases y los pilares de una economía que, con todas sus dificultades y retos, se mantiene como la primera del mundo.
Lejos de plantear la regularización de la permanencia de quienes ya habitan, producen y estudian en ese país, o cuando menos de flexibilizar la normatividad para acceder a un estatus migratorio menos azaroso, todos ellos se comprometen a endurecer las medidas xenofóbicas.
Incluso uno, de Santis, ex gobernador de un estado con 20 por ciento de población de origen migrante, ya cuenta entre sus “activos” de campaña una legislación que entró en vigor el 1º de julio que, entre otras regresiones, incluye: a) la ley obliga a las empresas de ese estado a usar el programa de verificación de empleo E-Verify, para identificar a trabajadores indocumentados: las empresas de más de 25 trabajadores no pueden contratar migrantes, bajo pena de una multa; b) transportar personas sin estatus migratorio regular en ese estado es un delito, sancionado hasta con 15 años de prisión; c) no reconoce licencias de conducir emitidas por 16 estados y el Distrito de Columbia a los conductores sin estatus migratorio regular, lo que limita el acceso a los sistemas bancario, educativo y de salud, no sólo del migrante, sino de sus familias, lo que obligará a los hospitales públicos a cobrarles sus servicios; d) elimina exenciones de cuotas de matrícula para estudiantes inmigrantes indocumentados; e) incrementa los recursos públicos para trasladar a personas sin documentación migratoria a localidades que gobierna el Partido Demócrata.
Estas medidas terminarán afectando a todos, pues exacerbará la escasez de mano de obra en Florida, ya que las industrias clave, como la construcción, la atención médica y la agricultura, dependen en gran medida de los inmigrantes indocumentados. También las finanzas públicas resentirán el golpe, pues se estima que en cada ejercicio fiscal anual, los inmigrantes indocumentados en Florida pagan 1.3 mil millones en impuestos y derechos federales y 588.3 millones en estatales y locales. Como consumidores, aportan casi 100 mil millones de dólares a la economía del estado.
Del ex presidente republicano no extraña el compromiso de retomar su proyecto de construir un enorme muro en la frontera con México y reimplantar medidas derogadas por la actual administración demócrata, como separar a los niños de sus padres en los operativos de captura.
A su vez, el ex vicepresidente y precandidato presidencial Mike Pence, quien parecía el más moderado de los aspirantes, la semana pasada dijo durante una entrevista que de llegar a la Presidencia restauraría el Título 42, política migratoria activa durante la pandemia de covid-19 en la frontera con México, cuyo sentido es la expulsión fast-track de los migrantes.
Peor aún, no podemos dejar de señalar que, en este mismo clima antiinmigrante, la semana pasada trascendió que la policía fronteriza de Texas tiene la orden de empujar a los niños pequeños y bebés lactantes migrantes hacia el río Bravo, además de no ofrecer agua a los solicitantes de asilo, incluso en condiciones de calor extremo, según un correo electrónico de un policía del Departamento de Seguridad Pública, citado por el portal de noticias Houston Chronicle, acciones que son parte de la operación Lone Star, la controvertida iniciativa de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, de la que forma parte el inefable muro flotante.
Mientras esto ocurre en nuestra frontera, en Europa ya gobierna una coalición de ultraderecha y antiinmigrante en Italia, ya se perfila en Francia, y en España conquista importantes espacios regionales y federales. En suma, es preciso frenar esta atmósfera hostil, abiertamente contraria a los derechos humanos, impulsada por sectores políticos de Estados Unidos y de varias partes del mundo. Es una política en la que todos pierden. Por el contrario, integrar a quienes sólo quieren aportar su talento y su fuerza de trabajo, haría ganar a todos.
* Presidente de la Fundación Colosio
