El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) Juan Luis González Alcántara Carrancá propuso a sus compañeros de la primera sala invalidar la reforma al artículo 132 de la Ley General de Víctimas, que limita la cantidad de recursos y ayudas que puede recibir una persona por reparación de daños por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

La propuesta es anular la reforma del 6 de noviembre 2020 a dicha norma en la porción que establece que las indemnizaciones que distribuya la comisión ejecutiva se cubrirán con “el producto de la enajenación de los bienes que sean decomisados en los procedimientos penales, en la proporción que corresponda”.

Esta redacción eliminó el criterio anterior, según el cual dichas indemnizaciones se pagaban mediante un fondo cuyo monto no rebasaría “0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación del año anterior.”

Para los quejosos, esta modificación disminuye en la práctica el presupuesto para las indemnizaciones de la comisión ejecutiva y lo hace depender de un factor que estará en función de la venta de los bienes asegurados en procesos penales.

Derecho humano, no financiero

El ministro González propone darles la razón bajo el argumento de que la reparación del daño a las víctimas es un derecho humano que no puede limitarse por criterios financieros.

“Es inconstitucional la modificación (de la Ley General de Víctimas) reclamada, a la luz de la progresividad de los derechos humanos”, advierte.

La reforma impugnada, añade, es contraria a la dignidad humana: “Principio jurídico que, por su propia esencia, es de carácter irrestringible, toda vez que prescribe que las personas, por el mero hecho de serlo, deben ser tratadas como tal y nunca como ‘objetos’; por ende, debe garantizarse su derecho a ser tratadas como fines en sí mismos, es decir, a no ser humilladas, no ser degradadas, no ser envilecidas, no ser cosificadas”, añade González.

El tema está programado para someterse a votación en la primera sala de la SCJN en la sesión del 9 de agosto próximo.