Ciudad de México. Alejandro Rojas Pruneda y Miguel Ontiveros Alonso, abogados del ex director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya Austin, contestaron este lunes al comunicado que emitió el viernes pasado la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señalando las conductas ilícitas en las que habría incurrido el ex funcionario.

La UIF afirmó que Lozoya había recibido una “supuesta mordida” de 8.4 millones de dólares de parte de Alonso Ancira, quien fuera dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), par aceptar que Pemex comprara la planta de Agronitrogenados, que resultó ser una chatarra.

La defensa del ex funcionario sostiene que no hay referencia, documental ni técnica de esos hechos por lo que califica a esta acusación como inaceptable.

Responden también a otro posible soborno de 3.4 millones también de AHMSA, pero afirma que dicho dinero fue un pago recibido por Lozoya por sus servicios profesionales, los que brindó a esa empresa antes de ser servidor público y de ocupar la dirección de Pemex.

Reitera que la compra de Agronitrogenados fue auditada y validada por las autoridades administrativas del gobierno federal, y que la documentación respectiva fue agregada a la carpeta de investigación.

Los abogados Rojas y Ontiveros advierten que los señalamientos de la UIF fueron hechos para apuntalar su exigencia para que la reparación de daños se aumente, posibilidad que rechazaron.

“De todo lo anterior se desprende que el monto de 30 millones de dólares exigido a Lozoya Austin como supuesta reparación del daño, es fruto de una decisión unilateral y sin basamento técnico. De ahí que, en audiencia pública ante el juez de control, los representantes del gobierno de México no pudieron explicar su origen, lo que provocó los legítimos reclamos de nuestro representado”, concluyeron.