Chilpancingo, Gro., La Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) demandó al gobierno federal auditar el Plan de Previsión Social (Plan Flexible), también llamado Consultoría Estratégica de Beneficios Múltiples, ya que, asegura, existe un faltante de más de 6 mil millones de pesos y está prácticamente en quiebra.
En distintas etapas el Plan de Previsión Social ha sido manejado por los hermanos Ibarrola, cercanos al ex presidente Carlos Salinas de Gortari; Salvatore Sotaventa, propietario de la empresa Aplica, así como Alfredo Arias.
Mario Alberto Urióstegui Alemán, de la comisión política de la gremial, informó que se presentó a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda el “Proyecto de transformación del Plan de Previsión Social del gobierno de Guerrero (PPS)” para el rescate de este fideicomiso, pero hasta ahora no han tenido respuesta.
Fraudes y malos manejos
El Plan de Previsión Social es operado por una empresa privada desde hace más de 18 años y ha ido cambiando de nombre; actualmente, afirma la CETEG, está en quiebra, “provocada por fraudes y malos manejos de dicha compañía, así como por funcionarios de primer nivel de los gobiernos estatales en turno y dirigentes sindicales.
Está situación afecta a más de 100 mil trabajadores, entre ellos 85 mil de la Secretaría de Educación en Guerrero (SEG), más 23 mil del magisterio estatal y de la burocracia, 13 mil empleados de 63 organismos públicos descentralizados e instituciones como la fiscalía del estado, el Congreso, el Tribunal Superior de Justicia y la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos.
En su propuesta de reforma, la CETEG dio a conocer “los enteros acumulados pendientes de transferir al fondo del fideicomiso de los trabajadores en el periodo 2000-2022, por parte del gobierno estatal, de más de 3 mil 500 millones de pesos”.
Asimismo, “créditos por recuperar vía préstamos a los trabajadores, incluyendo los de vivienda, por alrededor de mil 700 millones de pesos; desvíos del fondo del PPS de los trabajadores cometidos por funcionarios estatales, por mil 200 millones de pesos”.
La CETEG también documentó desvíos de recursos del fondo por representantes sindicales por mil 600 millones de pesos y, finalmente, créditos otorgados sin descontar por 900 millones de pesos, lo que hace un total aproximado de 6 mil 100 millones de pesos”.
A estos montos, apuntó la gremial, “deberán descontarse los pagos que el gobierno del estado realizó en el periodo 2011-2022, que no fueron dados a conocer a los trabajadores y que serán objeto por precisar en la auditoría”.
“Entendemos que es un problema muy escabroso, debido a que hay un desvío de miles de millones de pesos y tanto el gobierno estatal como la Secretaría de Educación en Guerrero no le quieren entrar”, apuntó.
Mencionó que quienes administran el PPS son el titular de la SEG en turno; el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en este caso el gobierno estatal, que encabeza la morenista Salgado Pineda.
“Hay una deuda histórica desde 2014; por ejemplo, no han pagado los 430 mil pesos a las familias de los compañeros fallecidos ni los 20 mil pesos de gastos funerarios No le quieren entrar a ese tema porque saben que hay corrupción y desvíos, y sobre todo saben quiénes son (los responsables); por eso la CETEG ya demandó una auditoría a la Federación”.
Evelyn Salgado los dejó plantados
Urióstegui Alemán reprochó que, en la última reunión programada para discutir el tema, “la gobernadora nos dejó plantados; ya llevaba adelantado un análisis de ese proyecto y nos daría una respuesta, pero por el monto del desvío, de miles de millones de pesos, y como conocen a los culpables”, rehúyen el problema.
