Guadalajara, Jal., La periodista jalisciense María Luisa Estrada Hernández sufrió un atentado a balazos en esta ciudad cuando, en compañía de su hija menor de edad, circulaba por la avenida Javier Mina el pasado 15 de julio. Ambas salieron ilesas.

La comunicadora, quien ejerce la profesión de manera independiente en su portal electrónico La Grillotina Política, reprochó que tanto autoridades municipales y estatales, así como de la Fiscalía General de la República (FGR) y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no han tomado las medidas adecuadas para garantizar su seguridad, por lo que se siente en alto riesgo.

Relató que un sujeto a bordo de una camioneta Mazda CX-5 con placas RAY-001-A (a la que tomó fotografías), disparó en cinco ocasiones en su contra, como consta en la denuncia que presentó ante la FGR, ya que ejerció su derecho a que su caso no estuviera a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Jalisco, institución de la cual sospecha que está coludida con grupos delictivos.

Dijo que la agresión ha trascendido muy poco debido al “cerco informativo” que existe en la entidad, donde la mayoría de los medios tradicionales reciben contratos publicitarios del gobierno estatal, que encabeza Enrique Alfaro, y del ayuntamiento de Guadalajara, a cargo de Pablo Lemus, ambos del partido Movimiento Ciudadano, a quienes ha señalado de manera reiterada en La Grillotina Política por presuntos actos de corrupción.

Mecanismo federal de protección “no funciona”

La comunicadora recordó que el 15 de julio, luego del atentado y mientras policías de Guadalajara se acercaron para auxiliarla, uno de ellos, del grupo especializado en violencia contra mujeres (“del cual tengo fotografías y nombre”) le dijo que el ataque fue “un mensaje”, que si hubieran querido matarla ya estaría muerta y que mejor “le bajara” a sus publicaciones, lo cual afianzó su decisión de dirigirse a las autoridades federales a pedir apoyo.

Pero según su relato, en la FGR tampoco la trataron con la diligencia obligatoria en un caso de esa naturaleza y fue hace apenas unos días cuando comenzaron a atenderla de manera formal.

Estrada Hernández se quejó de que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no funciona, pues aunque le ofrecieron reubicación en otra ciudad –la cual decidió aceptar–, de entrada sólo le entregaron un botón de pánico para solicitar apoyo en caso necesario y le informaron que habría patrullaje de la Guardia Nacional en su domicilio.

La periodista recordó que estas medidas que le ofreció el mecanismo las tenía el comunicador guerrerense Nelson Matus, quien fue asesinado el 15 de julio, el mismo día del ataque contra ella.

También desconfía de Enrique Irazoque, funcionario del mecanismo que estuvo a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León “en tiempos del calderonato”, pues entonces fue cómplice del grupo criminal Los Zetas y ahora, en un puesto tan sensible, puede entregar información para localizar a periodistas o defensores de los derechos humanos que confían en dicho organismo, dependiente de la Secretaría de Gobernación.