Para ver cuán trastocada es la mente de Dina Boluarte, presidenta “espuria” del Perú –Andrés Manuel López Obrador dixit–, basta escuchar o leer algunas de sus declaraciones en los últimos días frente a la anunciada marcha de todas las regiones del país hacia la capital para pedir la renuncia de la propia presidenta y del impopular Congreso, elecciones anticipadas –y no hasta 2026–, la redacción de una nueva Constitución y la liberación del presidente Pedro Castillo, secuestrado desde diciembre pasado con un enésimo golpe de lawfare (judicialización de la política o politización de la justicia).
La tercera toma de Lima –las dos anteriores se dieron en enero pasado– ha sido definida por Boluarte como “un riesgo para la democracia”, demostrando así que ignora que cuando el pueblo hace escuchar su voz está al contrario ejerciendo un fundamental derecho democrático. Una frase reciente, aún más cínica, de la presidenta, cuando se anunció oficialmente la marcha hacia la capital, fue: “¿Cuántos muertos más quieren?”
El gobierno desplegó una verdadera campaña de terror en los días anteriores, aludiendo a los manifestantes como potencialmente peligrosos y tratando de criminalizarlos, presentándolos como unos violentos desadaptados y no como unos ciudadanos que tienen todo el derecho a hacer valer sus reivindicaciones. Un general de la Policía Nacional del Perú (PNP) llegó a justificar el enorme despliegue policíaco (24 mil agentes en la capital) “por la posibilidad que los provincianos quieran robar los celulares de los limeños”. El mero jefe de gobierno, Alberto Otárola, se empeñó en minimizar la relevancia de la protesta diciendo que lo importante era que la marcha no impidiera que los capitalinos pudieran gozar de dos partidos de futbol previstos en esa semana.
Según las previsiones de la misma PNP, los manifestantes, provenientes de las diferentes regiones de Perú, no serían más de 4 mil, lo que significa destinar seis agentes por cada manifestante. (En realidad, los concurridos han sido mucho más, pero hasta ahora ningún medio de comunicación se ha atrevido a dar una estimación). Si se añadieran los que participaron en las manifestaciones en muchas ciudades del país, el total llegaría fácilmente a varias decenas de millares, y no se va a poder ocultar la dimensión realmente nacional de la protesta.
Fueron impresionantes –pero también muy visibles– los intentos de parte del gobierno de restar importancia y hasta ningunear la marcha del 19 de julio. Desde hacía varios días todas las entradas a Lima habían sido bloqueadas, lo que provocó embotellamientos por contingentes policíacos que pedían documentos de identificación a los viajeros y la razón de su viaje a la capital. La criminalización de los que rechazan los actuales poderes Ejecutivo y Legislativo –y son la aplastante mayoría absoluta de los peruanos– no ha parado un instante. “Dina asesina” dijo tener en sus manos los reportes sobre “los principales organizadores” de una protesta que parecía, más bien, el fruto espontáneo de un pueblo llegado al límite de su aguante.
También si no hay, por ahora, ningún reporte de muertos, no se puede decir que la policía se haya portado como una blanca paloma: ocho heridos y seis detenciones parecerían un balance aceptable, si no se cuenta el uso innecesario de lacrimógenos, unos enfrentamientos evitables en algunas vialidades (al haber rejas de protección alrededor del Palacio presidencial y el Congreso), así como el disparo de perdigones. Una periodista independiente, Gabriela Ramos Carbajal, fue alcanzada por cinco perdigones en la cara y el cuerpo y fue auxiliada por sus colegas. Los altos mandos policíacos aseguran que la PNP no utiliza perdigones desde hace ocho años. ¿Hay que creerles? También un fotorreportero, Rober Llicla, fue golpeado con fuerza en la cabeza por un objeto contundente (¿un lacrimógeno?) y hospitalizado de urgencia.
Varias congresistas, sobre todo de izquierda, que participaban en la marcha han sufrido abusos por parte de la policía. El caso más ruidoso, por llegar a la prensa escrita, fue el de Ruth Luque, congresista de la coalición política Juntos por el Perú-Cambio Democrático, detenida por un policía únicamente porque llevaba puesta una camiseta con una frase de protesta.
Hablando de lawfare –el nuevo método para dar golpes de Estado sin necesidad de sangre, tanquetas o represión de tipo pinochetista–, se está adoptando también a un nivel menor: un grupo de fiscales de Cusco ha logrado paralizar parcialmente la protesta en la región, considerada una de las más combativas, convocando físicamente en la fiscalía a todos los denunciados en las dos marchas anteriores por delitos relativos a protestas (la mayoría, obstrucción de vialidades). Una convocatoria –obligatoria– en una fecha muy ad hoc: miércoles 19 de julio, que se llamó –al menos en Perú– 19J, un día históricamente decisivo. Dina Boluarte y su gente han finalmente entendido, más allá de cualquier malabarismo, cuán profundo y extendido es el repudio hacia su gobierno y el Congreso, que es, junto a ella, el mayor beneficiario del golpe que dieron en septiembre.
Mientras todos los sillones y curules tiemblan –ya se han convocado manifestaciones para los días de la Independencia (27, 28, 29 de julio)–, el final más probable de la carrera de Dina Boluarte va a ser el mismo de la ex presidenta boliviana Jeanine Áñez: 10 años de prisión e inhabilitación a cualquier cargo público. Por ahora, solamente se ha probado que un libro suyo sobre derechos humanos (sic) fue plagiado en más de la mitad.
* Periodista italiano
