En represalia por exigir el pago de utilidades y su derecho a la libertad sindical, la empresa Penmont, propiedad de Grupo Peñoles, dio de baja en el Seguro Social a cerca de 200 obreros de la mina La Herradura, en Caborca, Sonora, denunciaron dirigentes de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) de esta ciudad.
Jesús León García, secretario general local de esta organización, señaló que los trabajadores de la mina productora de oro, plata y cobre se dieron cuenta de que les fue retirada la atención médica cuando asistieron al hospital del IMSS y el personal les negó el servicio.
Esta situación fue constatada por la confederación, que elaboró un padrón con el número de seguridad social, la CURP y la fecha en que fue dado de baja cada trabajador. Comentó que “cada dos o tres días hacen un monitoreo” en la página del instituto para verificar su inscripción; además, hay afectaciones por impago de cuotas al Infonavit, que están siendo documentadas.
Óscar Alzaga, abogado del Sindicato Nacional de Mineros que encabeza el senador Napoleón Gómez Urrutia, apuntó que estas acciones, realizadas de “forma unilateral” por la compañía, son “ilegales”, porque están en marcha audiencias de conciliación y demandas ante las autoridades laborales para exigir que se reinstale a los 200 obreros despedidos injustificadamente, tras el movimiento que iniciaron el 27 de abril.
“La ley establece que cuando se trata de un despido, éste debe ser por escrito, y no fue así, sino que los están dando de baja ilegalmente ante el Seguro Social. Son formas de presión de la empresa que afecta tanto a los trabajadores como a sus familias”, manifestó.
Además de exigir el pago de 10 por ciento de utilidades que por ley les corresponde, los obreros de La Herradura fueron despedidos injustificadamente por afiliarse al Sindicato Nacional de Mineros y ahora “son objeto de represalias por no reintegrarse” al sindicato patronal Frente de Carlos Pavón, que Penmont insiste en imponerles, apuntó Juan Linares, integrante de la Conferencia Internacional de Trabajadores en Sonora, quien exigió a la compañía respetar la libertad sindical, establecida en el T-MEC.
Así, los obreros, que sufrieron un desalojo violento la madrugada del 12 de mayo por fuerzas estatales, apremiaron una vez más al Tribunal Federal de Asuntos Colectivos de la Ciudad de México a fijar la fecha del recuento, para que alrededor de mil 800 trabajadores elijan mediante voto libre, directo y secreto qué sindicato quieren que los represente.
En la mina persiste “un ambiente muy hostil, hay presión tremenda” contra los trabajadores, a quienes hostigan y obligan a reafiliarse al sindicato patronal o a ser despedidos”, denunciaron los dirigentes sindicales.
