Guadalajara, Jal. La periodista jalisciense María Luisa Estrada Hernández sufrió un atentado a balazos en Guadalajara cuando, en compañía de su hija menor de edad, circulaba por la avenida Javier Mina el pasado 15 de julio. Ambas salieron ilesas.

La comunicadora, quien ejerce la profesión de manera independiente a través de su portal electrónico La Grillotina Política, acusó que tanto autoridades municipales y estatales jaliscienses, así como de la Fiscalía General de la República y del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no han tomado las medidas adecuadas para su protección, por lo cual se siente en alto riesgo.

Señaló que logró escapar al atentado de un sujeto que, a bordo de una camioneta Mazda CX-5 con placas RAY-001-A (a la que logró tomar fotografías), disparó en cinco ocasiones en su contra, como consta en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) ya que ejerció su derecho a que su caso no tuviera seguimiento de la Fiscalía del Estado de Jalisco, dependencia de la que sospecha existe colusión con grupos delincuenciales.

Dijo que el ataque ha trascendido muy poco debido al “cerco informativo” que existe en Jalisco, donde la mayoría de los medios de comunicación tradicionales reciben contratos publicitarios por parte del gobierno que encabezan a nivel estatal Enrique Alfaro y municipal de Guadalajara Pablo Lemus, ambos del partido Movimiento Ciudadano, a quienes ha señalado de forma constante en La Grillotina Política por diversos actos de presunta corrupción.

La periodista dijo que ese 15 de julio, luego del atentado y mientras policías de Guadalajara se acercaron para auxiliarla, uno de ellos del grupo de violencia contra las mujeres (“del cual tengo fotografías y nombre”) también se acercó y le dijo que el ataque se trató de “un mensaje”, que si la hubieran querido matar ya estaría muerta y que mejor “le bajara” a sus publicaciones, lo cual acentuó su decisión de dirigirse a las autoridades federales a pedir apoyo.

Pero según su narrativa, en la FGR tampoco la trataron con la diligencia obligatoria en un caso de esa naturaleza y fue apenas hace unos días que comenzaron a atenderla de manera formal.

Se quejó además que el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no funciona, pues aunque le ofrecieron reubicación en otra ciudad -lo cual ha decidido aceptar-, de entrada sólo le entregaron un botón de pánico para solicitar apoyo en caso necesario y le informaron que habría patrullaje de personal de la Guardia Nacional en su domicilio.

La periodista recordó que estas medidas que le ofreció el Mecanismo, las tenía también, por ejemplo, el comunicador guerrerense Nelson Matus, quien fue asesinado el 15 de julio, el mismo día del atentado contra ella, luego de sufrir un ataque a disparos en 2019.

También dijo desconfiar de Enrique Irazoque, funcionario del Mecanismo que estuvo a cargo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León "en tiempos del calderonato", pues acusó que entonces fue cómplice de los Zetas y ahora, en un puesto tan sensible, puede entregar información para localizar a periodistas o defensores de los derechos humanos que confían en dicho organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación.

El ataque contra María Luisa Estrada es el segundo que se presenta en un año en Jalisco contra periodistas, luego que en julio del 2022 la reportera Susana Carreño, de Radio Universidad de Guadalajara, fue agredida con arma blanca en Puerto Vallarta y aunque le causaron varias severas lesiones logró sobrevivir al recibir rápida atención médica. Un año después, esa agresión sigue en la impunidad.