Los derechos civiles y políticos son aquellos que protegen la participación y vida política de las personas y colectivos ante cualquier acción de vulneración por parte del gobierno y/o por actores con intereses particulares. Entre ellos se encuentran los derechos electorales, cuya garantía y protección son fundamentales para el fortalecimiento de la democracia, principalmente en temporada electoral, ya que permiten construir condiciones de equidad, participación popular y ciudadana para elegir a nuestros representantes en gobierno. A pesar de la existencia de leyes e instituciones que promueven y garantizan los derechos electorales, pareciera que no hay órganos garantes ni límites claros y definidos para que el representante del Ejecutivo federal respete los principios de los gobiernos democráticos, como elecciones libres, informadas y justas; existencia de un sistema multipartidista con equilibrio de poderes; garantía y protección de los derechos humanos, principalmente civiles y políticos, y campañas electorales sin proselitismo ni clientelismo.
Si alguno de estos elementos faltara, ¿cómo podríamos preservar la democracia y prevenir el autoritarismo? Es importante mencionar que esas son algunas claves que deberían ser las bases que permitan garantizar la participación política libre e informada desde cada ciudadana y ciudadano que vota, hasta las candidatas y candidatos propuestos y/o electos. Esto implica que la información brindada hacia la población en general debe contener enfoques neutrales, imparciales y de derechos humanos, mas no datos sesgados y orientados a intereses políticos personales o partidistas, principalmente de quienes ocupan puestos públicos y de poder en el país. Como menciona Carlos Monedero en su libro Curso urgente de política para gente decente, “la democracia se ha vaciado de contenido. Creemos que nos jugamos la democracia en las leyes electorales, (…) [pero] de nada valen, si no hay una voluntad de repartir de manera igualitaria los derechos y obligaciones de la vida compartida (…) Confundimos la democracia con el espectáculo de la democracia” (pág. 24, 2013).
Aunque es necesario que las candidaturas de los partidos políticos e independientes deben apegarse a lo establecido en la Constitución Política Mexicana y en la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el punto central debe ser la vinculación con la sociedad diversa. Esto, a través del acceso a la información libre y adecuada del actuar político, así como la conformación de una agenda política que brinde soluciones transformadoras a las desigualdades estructurales. Si por parte de los y las candidatas actuales no existe una construcción de una agenda política y popular ni una vinculación cercana, genuina y preocupada por cambiar las injusticias y necesidades de las víctimas y la sociedad, las elecciones próximas podrían convertirse en votos líquidos basados en el espectáculo y “lo mediático”, mas no en lo político y transformativo. Por ello, las instituciones encargadas de proteger los derechos electorales deben asegurar su autonomía y seriedad ante situaciones políticas con legitimidad y equidad difusas, previniendo hacer pactos políticos que beneficien intereses partidistas, de poderes federales particulares u otros ajenos a la construcción de mundos justos y dignos para las poblaciones históricamente en situación de vulnerabilidad.
Como sociedad civil organizada y comunidad política, es importante que continuemos observando críticamente el proceso comicial que, aunque aún no comienza oficialmente, ya está influyendo en nuestras vidas y decisiones políticas. Recordar que las instituciones electorales deben examinar con libertad, independencia y apego a la ley cualquier situación de clientelismo y proselitismo y, de nuestra parte, hacer uso de nuestros derechos civiles y políticos para proteger la democracia en el país. Asimismo, debemos recuperar la participación social en los procesos de representación del pueblo mexicano para que la próxima persona elegida sea en una elección popular y ciudadana, mas no una candidatura de selección del Ejecutivo federal o del partido sin legitimidad social. Que como sociedad recuperemos nuestra historia y memoria para que no dejemos que nos arrebaten de nuevo la posibilidad de lograr el país digno y justo que merecemos.
* Coordinadora del CDH Fray Francisco de Vitoria, OP, AC
