Tras cuatro meses de discusión y trabajo con colectivos, organizaciones y académicos, el Comité de Impulso a la Memoria de la Comisión para la Verdad sobre la guerra sucia tiene listo un proyecto de ley general de memoria pública. Su propósito es definir principios y mecanismos para el diseño y puesta en práctica de políticas, procesos de esclarecimiento histórico y acceso a archivos vinculados a violaciones graves de derechos humanos.

Esta ley, cuyo primer borrador fue presentado en noviembre pasado, considera la creación de un centro nacional de memorias y los registros nacionales de sitios de memoria y de represión. Además, integrar temas sobre violaciones a derechos humanos en el diseño curricular en todos los niveles de educación obligatoria, así como en la formación del profesorado.

Mariana Gómez, encargada de la política de memoria en la Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, expuso que el proyecto se presentará en el siguiente periodo legislativo, que empieza en septiembre.

Más participación

“El Poder Legislativo tendrá su propio proceso de discusión”, y solicitó que en ésta “se pudieran incluir muchos más colectivos del presente”, ya que en las mesas de trabajo de este año participaron sobre todo familiares de víctimas de la guerra sucia.

El documento señala la obligación del Estado “de aclarar el modo, condiciones, lugar, los hechos y los responsables de las violaciones graves a derechos humanos, y para ello deberá elaborar investigaciones de carácter histórico imparciales y competentes”.

Enfatiza que el Estado “está en la obligación de preservar los archivos que se encuentren en las instalaciones estatales, así como garantizar el acceso a la información”.

Agrega que el centro nacional de memorias dará seguimiento a la política pública en la materia y definirá criterios para su evaluación, en tanto que el registro nacional de sitios de memoria incluirá los lugares estatales y de la sociedad civil, donde haya indicios de que se cometieron violaciones graves a derechos humanos, como centros clandestinos de detención, tortura o deposición de restos humanos.

El registro nacional de sitios de represión realizará la documentación de lugares que ya no existen o están amenazados o cuya recuperación no es viable por alguna razón.