Austin. El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió al gobierno de Texas, mediante una carta, que presentará una demanda contra la instalación de las barreras flotantes en el río Bravo, parte de la operación antimigrantes del gobernador Greg Abbott en la frontera con México.

“La barrera flotante representa un riesgo a la navegación, así como a la seguridad pública en el río Grande (Bravo), y presenta inquietudes humanitarias”, se lee en la misiva, que también notifica al estado que el Departamento de Justicia pretende presentar una acción legal si no se retiran las boyas.

El gobierno del presidente Joe Biden explicó que la barrera colocada este mes cerca de la localidad fronteriza de Eagle Pass, Texas, es “ilegal”, pues la ley federal “prohíbe la creación de cualquier obstrucción a la capacidad navegable de las aguas de Estados Unidos, y prohíbe la construcción de cualquier estructura en dichas aguas sin la autorización del Cuerpo de Ingenieros del ejército”.

“Las acciones peligrosas e ilegales del gobernador Abbott están socavando nuestro plan efectivo de control fronterizo y dificultando que la CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza) haga su trabajo”, declaró el portavoz de la Casa Blanca, Abdullah Hasan al canal CNN.

La oficina de Abbott no respondió a una solicitud de comentarios ayer, pero en Twitter el mandatario estatal publicó: “Texas tiene la autoridad soberana de defender nuestra frontera”.

Las boyas son la medida más reciente del operativo multimillonario de Abbott para reforzar la línea limítrofe de mil 930 kilómetros de Texas con México. Otras acciones han incluido colocar alambre de púas y arrestar a los migrantes bajo cargos de invasión de propiedad privada.

La misión conocida como Operación Estrella Solitaria fue objeto de nuevo escrutinio luego de que un agente policial aseguró que se les negó agua a las personas en movilidad y que se emitieron órdenes para empujar a los solicitantes de asilo de vuelta al río Bravo.

El Departamento de Seguridad Pública de Texas señaló esta semana que los testimonios del agente, que fueron plasmados en un correo electrónico enviado a un supervisor, están bajo una investigación interna.

La barrera de boyas, cuyo tamaño es similar al de una bola de demolición, cubre 305 metros del curso medio del río Bravo, con anclajes en su lecho.

Eagle Pass forma parte de un sector de la Patrulla Fronteriza que ha registrado la segunda cifra más alta de cruces de indocumentados este año fiscal, con aproximadamente 270 mil encuentros, aunque esa cantidad es inferior a la registrada en esta época de 2022.

Avanza el programa oficial

El gobierno federal ha dicho que los cruces fronterizos irregulares han disminuido significativamente desde que entraron en vigor nuevas reglas migratorias en mayo, luego de que expiraran las restricciones al asilo implementadas por la pandemia de covid-19.

En tanto, más de 80 legisladores demócratas enviaron una carta al presidente Joe Biden ayer, instándolo a investigar las “acciones peligrosas y crueles” de Abbott tras el correo electrónico del agente que denunció el trato cruel a migrantes.

“Le escribimos para expresar nuestra profunda alarma por las políticas fronterizas instruidas por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que están poniendo a los buscadores de asilo en un riesgo serio de lesiones y muerte, interfiriendo con la aplicación federal de la migración, infringiendo los derechos de la propiedad privada y violando los compromisos de los tratados de Estados Unidos con México”, señalaron en su carta los legisladores.

“La colocación de alambre de púas y de las barreras de boyas inflables en el río Bravo es potencialmente ilegal y podría estar violando múltiples tratados bilaterales entre Estados Unidos y México incluidos los tratados de la Frontera de 1970 y el Mexicano del Agua de 1944”, afirma la misiva.

En otro asunto, las autoridades de Panamá anunciaron ayer que el número de migrantes en ruta hacia Estados Unidos que cruzan en julio la inhóspita selva del Darién, fronteriza con Colombia, está a punto de rebasar los registros de todo 2022 al sumar 227 mil personas este julio contra 248 mil de 2022, dijo el ministro panameño de Seguridad, Juan Manuel Pino, a periodistas.