Ciudad de México. El Congreso de la Ciudad de México suprimió el concepto de suelo rural en los tipos de clasificación de superficie establecidos por la Constitución Política local, y que al ser retomado en el proyecto del Programa General de Ordenamiento Territorial (PGOT) generó el rechazó de algunos núcleos agrarios durante su consulta pública.

La reforma, que fue promovida por Claudia Sheinbaum cuando fue jefa de Gobierno, garantiza además la asignación de recursos presupuestales al suelo de conservación, destinados a promover la compensación o pago por servicios ambientales y para protegerlo de ocupaciones irregulares.

Luego de que pobladores de San Pedro Atocpan, en Milpa Alta, mantuvieron cerrada durante una semana la carretera Xochimilco-Oaxtepec en noviembre del año pasado al advertir que el PGOT cambiaría el tipo de suelo a rural y permitiría su urbanización, Sheinbaum propuso suprimir ese concepto de la Constitución para dar mayor claridad y que sólo quedara como de conservación, el cual comprende “el área territorial que por sus características ecológicas brinda servicios ecosistémicos indispensables e imprescindibles para la sustentabilidad y economía de la ciudad, así como el bienestar y la salud de sus habitantes”.

En la discusión del dictamen, la diputada Guadalupe Chávez Contreras, de Morena, explicó que el Congreso Constituyente de la ciudad agregó en la ley local de 2017 la categoría de suelo rural a los dos tipos de clasificación de superficies, urbana y de conservación, que además de ser incompatible con diversos ordenamientos locales y de la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, implicaba un “peligroso factor para la pérdida de servicios ambientales al favorecer la urbanización del suelo de conservación y la privatización de la propiedad privada social de la tierra”.

La reforma también establece que el monto de los recursos presupuestales que se asignen al suelo de conservación deberá al menos ser el mismo del año anterior. Este 2023 se asignaron mil 100 millones de pesos.

Además, el Legislativo aprobó la iniciativa de Sheinbaum que establece como un derecho constitucional el acceso a Internet gratuito de banda ancha en los lugares públicos de la ciudad.

La reforma dispone que el gobierno capitalino “llevará a cabo la implementación progresiva de infraestructura de telecomunicaciones para garantizar la autosuficiencia en la prestación del servicio gratuito de Internet en los espacios públicos”.

De la misma manera avaló dos cambios de uso de suelo en la alcaldía Miguel Hidalgo, para el predio de Galileo 307, en Polanco, con el fin de ampliar los servicios educativos de un colegio, y para Constituyentes 1100, de la colonia Lomas Altas, que permite elevar de seis a ocho niveles la construcción con el propósito de otorgar servicios de educación básica, media, superior y de posgrado, en un proyecto del empresario Ricardo Salinas Pliego que incluye un centro cultural que llevará su nombre.