El Instituto Nacional Electoral (INE) “sí ha estado atento de lo que estamos viviendo en nuestro país”, señaló ayer la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, sobre la fiscalización que ya aplica el organismo a las actividades de quienes aspiran a encabezar los movimientos partidarios tanto del bloque opositor como de Morena y aliados.

Taddei sostuvo que la Comisión de Quejas y Denuncias del instituto ha emitido también resoluciones frente a esta situación inédita, por lo que la ruta dictada el miércoles por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dará “luz” a lo que ya hace el INE.

Por mayoría, los magistrados ordenaron al instituto emitir de inmediato lineamientos para regular los procesos del Frente Amplio por México y de la coordinación de defensa de la Cuarta Transformación.

Al dictar los parámetros, la sala superior instruyó al INE que ejecute una “fiscalización especializada”.

Estallan las dudas

La orden provocó un debate en el Consejo General y en los corrillos del INE, pues algunos especialistas preguntaron: ¿qué se debe entender por fiscalización especializada? ¿Es compatible la orden de la sala superior con el acuerdo (del pasado 10 de julio) de la Unidad Técnica de Fiscalización (UTF) para realizar monitoreos y visitas de verificación a los aspirantes y sus partidos?

La gran pregunta que se plantean los fiscalizadores es si los gastos de ambos bloques deberán considerarsse en la partida ordinaria de los partidos o sumarse a las futuras erogaciones de precampaña.

Por lo pronto, Taddei votó, junto con tres de sus colegas, en contra de aprobar una coordinación dentro del INE, al argumentar que ese mecanismo quedará “subsumido” en los lineamientos ordenados por el tribunal.

Al final se impuso la mayoría y se aprobó un documento para “agilizar” las tareas de verificación del personal del INE en los mítines y demás actividades de partidos y aspirantes, tanto en la vía pública como en las plataformas de Internet.

El objetivo del acuerdo es fortalecer la comunicación entre la UTF y la Unidad de lo Contencioso.

Algunos consejeros pidieron a los partidos no “obstaculizar” al personal del INE, que tiene la tarea de reportar propaganda, características de los eventos públicos y dar seguimiento a los ingresos y gastos de los partidos y aspirantes.

Hubo oradores que insistieron en que los recientes lineamientos de fiscalización son necesarios para no interrumpir esa vigilancia y generar pruebas para futuras resoluciones. Por lo pronto, advirtieron que las autoridades electorales sancionarán irregularidades.

La consejera Carla Humphrey recordó que el proceso electoral 2023-2024 se inicia el 4 de septiembre y las precampañas la tercera semana de noviembre, pero la ciudadanía ya está generando acciones que podrían ser actos anticipados.

En cuanto al despliegue, preguntó: ¿quién contrata esa propaganda?, ¿quién la paga?, ¿de dónde provienen esos recursos?

Por otra parte, al inicio de la sesión, el consejo avaló que los Amlitos y otros utilitarios se consideren parte de los ingresos de Morena, cuando el partido no se deslinde de su comercialización.