Buenos Aires., Miles de personas en esta capital y en Jujuy marcharon ayer en solidaridad con el pueblo de esa provincia y para conmemorar los 47 años de “la noche del apagón” durante la dictadura militar (1976-1983), cuando se cortó la luz en un acuerdo entre los militares y el dueño del impero azucarero de Ledesma, Carlos Pedro Blaquier, en Libertador General San Martín, territorio jujeño, y secuestraron trabajadores, dejando a 33 desaparecidos.

A pesar de que rige una resolución de la justicia federal que dio su aval para esta marcha, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, envió al pueblo de Ledesma a policías y efectivos de la Seguridad, Vialidad y Tránsito para impedir movilizaciones mediante la violencia represiva que utiliza desde junio pasado, respaldada por el precandidato presidencial de la derechista alianza Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, intendente de Capital Federal, quien viajó a esa provincia para apoyar las medidas de represión.

Hasta la fecha, no han logrado terminar con la resistencia de la población, de los maestros ni de las comunidades de pueblos originarios, secuestrados, golpeados, maltratados, detenidos y amenazados, hechos condenados por organismos internacionales y locales.

Radio Pueblo de Jujuy dio a conocer que los operativos más fuertes fueron en las rutas 34 y 66, donde las fuerzas de seguridad “amenazaban” con multas y otras medidas para obligar a regresar a sus casas a quienes pretendían llegar al municipio de Calilegua, de donde partió la marcha.

Morales intentó impedir todo, obligando a las empresas de transporte a no vender pasajes de autobuses, para evitar que viajaran los habitantes de la capital San Salvador y otros lugares, y que no llegaran a Ledesma, donde finalizaron, los que pudieron llegar, con un acto de las organizaciones de derechos humanos convocantes.

Las movilizaciones de este día exigieron el cese de la represión, la libertad de protesta social que asegura la Constitución nacional, y su rechazo a la reforma de la Carta Magna local, votada a espaldas de la población, y que está dirigida, entre otros puntos, a apoderarse de las tierras ancestrales de las más de 300 comunidades.

Morales no pudo parar la movilización porque esta fecha se conmemora desde hace 40 años, cuando, ilegalmente y en camiones de la propia empresa del ingenio Ledesma, secuestraron a 400 trabajadores del 20 y al 27 de julio de 1976.

Entre los más de 30 desaparecidos y las decenas de personas secuestradas durante la pasada dictadura, torturadas y perseguidas figuran maestros, trabajadores sindicalistas, políticos, estudiantes y dirigentes indígenas.

El millonario Carlos Pedro Blaquier murió este año gozando de impunidad y protegido por el propio Gerardo Morales.

Además, en esta capital se encabezó la marcha la Multisectorial en Solidaridad con Jujuy, la organización Túpac Amaru y otras agrupaciones políticas, incluyendo al Frente de Izquierda. Este movimiento reclama “memoria, verdad y justicia”; además denuncia la situación que viven los pueblos originarios, a los que intentan despojar de sus escasas tierras ancestrales con el fin de dar acceso a las mineras y “sembrar cannabis”, como propone Morales.

“Estamos impulsando que se condene al ex administrador del ingenio Alberto Lemos para que quede escrito en la historia queesa empresa estuvo coludida con la dictadura”, manifestó el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, quien participó de la movilización en Jujuy.

Esta marcha histórica “toma una connotación distinta por el reclamo de los pueblos en toda la provincia, por las situaciones que vimos todos y que, a 40 años de democracia, no queremos volver a ver más: represión, criminalización de la protesta, causas abiertas ilegalmente”, declaró Pietragalla a Canal Abierto.

Todo esto sucede con un silencio aterrador de los medios del poder hegemónico en Argentina, y de medios extranjeros que silencian los crímenes que se cometen en nombre de la “libertad, paz y democracia”, que dicen defender los victimarios del pueblo jujeño.

En tanto, Gerardo Morales mantiene detenida, bajo un delicado estado de salud, a la dirigente social Milagro Sala desde hace siete años, con base en causas que no ha podido demostrar.