El Comité contra la Desaparición Forzada (CDF) de la Organización de Naciones Unidas (ONU) llamó al Estado mexicano a aplicar medidas de protección adecuadas para quienes participan en las búsquedas de personas desaparecidas –incluidos familiares, acompañantes y servidores públicos–, con el fin de garantizar la continuidad de estas acciones y la investigación de los casos.

Tras el ataque contra personal de la Fiscalía General de Jalisco y la policía municipal de Tlajomulco perpetrado el 11 de julio pasado, mientras investigaban el supuesto hallazgo de restos óseos y que dejó un saldo de seis personas muertas y 15 lesionadas, el CDF pidió al Estado que inicie inmediatamente una investigación exhaustiva y diligente para identificar a los responsables e imponer las sanciones adecuadas.

El comité instó también a que se brinden oportunidades de participación para asegurar que las víctimas no se queden sin apoyo.

Recordó que tanto las labores para buscar a personas ausentes, como las indagatorias “son obligaciones de carácter permanente”, luego de que el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó que se suspenderían los rastreos basados en denuncias anónimas.

El CDF señaló que de acuerdo con datos del Estado mexicano, hay más de 110 mil personas desaparecidas en el país, el mayor número de ellas en Jalisco.

Refirió que, en un informe publicado en 2022 tras su visita al país, el CDF exhortó al Estado a garantizar protección permanente a los servidores públicos dedicados a la búsqueda de desaparecidos y a la investigación de estos casos.

Asimismo, exhortó a México a fortalecer de manera inmediata el sistema de protección a víctimas del delito, con la finalidad de garantizar la seguridad de sus familiares y acompañantes.