La senadora Xóchitl Gálvez fue denunciada penalmente ante la Fiscalía General de Justicia por los delitos de enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de intereses y corrupción cometidos durante su gestión como jefa delegacional de Miguel Hidalgo.

El ex alcalde Víctor Hugo Romo y el ex secretario de Gobierno Gustavo García explicaron que incurrió en un conflicto de intereses con sus dos empresas: Hi-Tech Services y Omei, que fueron contratadas por la desarrolladora Simetric Grupo Inmobiliario.

Dicha constructora llevó a cabo el complejo One Marina Park, ubicada en avenida Marina Nacional 60, colonia Tacuba, y Distrito Polanco, en bulevar Manuel Ávila Camacho, en las Lomas de Chapultepec, tras obtener los permisos, la manifestación de construcción y la publicitación vecinal.

“Inmediatamente, por obra y arte de magia, la constructora contrata a sus empresas por un monto de 70 millones de pesos, las cuales son dirigidas por su hija y su esposo. Ahí se cuadra perfectamente el conflicto de intereses y el tráfico de influencias”, expuso Romo.

Tras aclarar que no se presentó antes la denuncia porque no se tenían las pruebas para hacerlo, pero ahora, por medio de Información Pública, se ha accedido a ello, consideró que “no puede ser que teniendo ella información privilegiada de todos los desarrollos, sean contratadas sus empresas”.

Hoy, apuntó, “estamos ante un contratogate”, donde podrían estar 14 desarrollos inmobiliarios, no sólo en Miguel Hidalgo, sino en otras alcaldías, y corresponderá a las autoridades llevar las investigaciones conducentes.

Los desarrolladores deberían comparecer también y determinar si hubo algo irregular, porque “estamos viendo la verdadera cara de Xóchitl Gálvez, que no solamente no es una mujer honesta, sino que lo que ha hecho ha sido a base del uso de la función pública y del poder que tenía” como delegada.

El ex secretario de Gobierno detalló que en 2016, la actual senadora facturó 979 mil 140 pesos; en 2017 fueron 43 millones 658 mil 276 pesos, y en 2018 sumaron 24 millones 834 mil 158 pesos, es decir, su empresa recibió de desarrollos inmobiliarios un total de 69 millones 471 mil 574 pesos.

Todo ese dinero, dijo, fue cuando era delegada en la demarcación sin nunca declarar un conflicto de intereses, cuando la Ley del Procedimiento Administrativo así lo establece. Debió excusarse y pedir que alguien más verificara estos desarrollos, pero no lo hizo.

Con ello queda “plenamente acreditado no solamente su conflicto de intereses, sino el ocultamiento de éste, y que recibió y facturó ingresos a desarrollos inmobiliarios que estaba obligada a revisar para determinar que se realizaban conforme a derecho”, concluyó.