El asesinato de seis periodistas en lo que va del 2023, y las demás violencias de las que son víctimas los comunicadores, ponen de manifiesto la situación de grave riesgo en la que se encuentran en distintas zonas de México, “en las que resulta extremadamente difícil que realicen investigaciones y publicaciones sobre temas como crimen organizado, narcotráfico, corrupción, seguridad pública y asuntos similares”, aseveró la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Condenó los recientes ataques contra periodistas, perpetrados en las últimas dos semanas: el asesinato de Luis Martín Sánchez, corresponsal de La Jornada en Nayarit y la privación ilegítima de la libertad de Jonathan Lora Ramírez y Osiris Maldonado De La Paz, en esa entidad, así como el asesinato de Nelson Matus, en Guerrero.

En un pronunciamiento, hizo “un enérgico” llamado a las autoridades a investigar los hechos de forma “rápida, seria, imparcial y efectiva”, y a juzgar y sancionar a los responsables.

Indicó que en un contexto como el que se vive en el país, “algunos periodistas pueden recurrir a la autocensura como forma de protegerse frente a ataques y amenazas, lo que impacta de forma significativa en la circulación de información de interés público en esta región”.

Exhortó al Estado a adoptar medidas de protección para los comunicadores en riesgo, así como a desplegar sus máximos esfuerzos en mejorar las políticas de protección para este gremio en todo el territorio. “Ello incluye, entre otros aspectos, la colaboración y coordinación entre las diferentes instancias de gobierno”.

En el caso de Luis Martín Sánchez, Jonathan Lora Ramírez y Osiris Maldonado, la RELE destacó que la Fiscalía General de Nayarit abriera varias líneas de investigación sobre estos hechos, siendo la principal la relacionada con la labor periodística de las víctimas.

También valoró el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que lamentó los hechos y expresó su solidaridad a los familiares, amigos y colegas del corresponsal de La Jornada.

Sobre Nelson Matus, la relatoría reconoció que la Fiscalía General de Guerrero informara que abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado con arma de fuego, y reiterara su compromiso de agotar las líneas de investigación que surjan.

Si bien la RELE saludó los esfuerzos institucionales para robustecer el sistema nacional de protección en el país, señaló que éstos aún no se han traducido en resultados y mejoras concretas, por lo que pidió a las autoridades a redoblar sus acciones en esta dirección.

Expuso que ha dado seguimiento a las propuestas para reestructurar la política de protección a nivel federal, partiendo del fortalecimiento del marco jurídico.

En este sentido, manifestó que de acuerdo con información oficial, la iniciativa de Ley General impulsada en 2022 tiene como objeto mejorar la implementación de la seguridad a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, así como fortalecer las acciones de protección, buscando generar obligatoriedad en la materia para las autoridades de los tres órdenes de gobierno y bajo el mandato constitucional que reconozca el derecho a defender derechos humanos y proteger a quienes ejercen la libertad de expresión.

Asimismo, se informó sobre un incremento del del 62 por ciento del presupuesto para gastos de operación en 2022, con respecto al año anterior.