Dos ex titulares del órgano encargado de las prisiones federales promovieron un amparo contra sendas órdenes de aprehensión, con las cuales están acusados de haber firmado contratos irregulares por 88 millones de pesos con empresas ligadas al ex secretario de Seguridad Pública Genaro García Luna.

Otras 59 personas también están señaladas por el mismo presunto ilícito.

Los juzgados quinto y séptimo de distrito en materia de amparo y juicios federales, con sede en Toluca, estado de México, desahogan la demanda de garantías que presentaron Eduardo Guerrero Durán y Eduardo Enrique Gómez, ex titulares del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social.

Suspensión provisional

En el expediente 908/2023, Gómez obtuvo la suspensión provisional a fin de no ser detenido por la orden de aprehensión en su contra.

A Guerrero Durán, con el expediente 1030/2023, el juzgado le negó la suspensión definitiva en caso de que exista un mandamiento judicial en su contra por delitos considerados graves.

Ambos ex funcionarios, al igual que las otras 59 personas, son señalados como presuntos responsables de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada por haber participado en la firma ilegal de contratos que beneficiaron a empresas dirigidas por Mauricio Samuel Weinberg López y Jonathan Weinberg Pinto.