La diputada María Elena Pérez Jaén (PAN) presentó ayer 29 denuncias en la Secretaría de la Función Pública (SFP) contra la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde Luján, a partir de las irregularidades por más de 170.5 millones de pesos detectadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en el ejercicio del programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
En conferencia de prensa, citó que la ASF emitió 19 pliegos de observaciones por irregularidades derivadas del “indebido actuar de la secretaria del Trabajo” en esos años e incluso consideró como “inconcebible que una incipiente e inexperta funcionaria haya manipulado el programa y dado mal uso al presupuesto asignado”.
Los resultados, explicó, se determinaron de cinco auditorías en las cuentas públicas 2019, 2020 y 2021, años en los que el ente fiscalizador pidió a la Secretaría del Trabajo –que Alcalde Luján condujo hasta junio pasado– aclarar el destino de 66.7 millones de pesos, 24.9 millones y 78.9 millones pesos, respectivamente.
Entre las irregularidades que la diputada incluyó en su denuncia, a partir de lo observado por la ASF, resaltan pagos a beneficiarios que recibían simultáneamente otras becas. Durante ese periodo, por esa razón los jóvenes recibieron 102.3 millones, aunque al mismo tiempo tenían apoyos de las Becas para el Bienestar Benito Juárez, o bien un empleo durante su capacitación.
Más aún, la auditoría detectó que entre 2019 y 2020 se realizaron pagos a 114 jóvenes que ya habían fallecido, o bien a quienes ya recibían un salario como servidores de la nación. En otros casos se hicieron pagos indebidos a beneficiarios que no comprobaron recibir capacitación.
También agregó las conclusiones de la auditoría de desempeño 373-DE de la cuenta pública 2019, respecto de la “manifiesta ineficiencia e ineficaz regulación del programa, su inoperancia como antecedente de irregularidades detectadas con posterioridad”.
Entre otras, citó que los objetivos e indicadores no fueron adecuados para el apropiado seguimiento de los objetivos y evaluar el logro del programa; no se definió una unidad responsable del diseño, implementación y seguimiento, y la secretaría no contó con un manual de organización actualizado.