Ciudad de México. La Delegación de la Unión Europea (UE) en México y las embajadas de Noruega y Suiza expresaron este jueves su preocupación por la situación de violencia e intimidación que enfrentan muchos periodistas y defensores de los derechos humanos en el país.

Al condenar los asesinatos de Ulises Nava, activista de la comunidad LGBT y docente de la Universidad Autónoma de Guerrero (Uagro), acribillado en Aguascalientes el sábado, y del comunicador Nelson Matus, director del portal de noticias Lo Real de Guerrero, ultimado ese mismo en Acapulco, las representaciones europeos llamaron a las autoridades a identificar y juzgar a los responsables de los crímenes.

Expresaron sus condolencias y su solidaridad con la familia, colegas y amigos de las víctimas, al tiempo que surgieron a todas las autoridades competentes a generar entornos favorables y de protección para que los periodistas y los defensores de los derechos humanos en México puedan ejercer sus actividades libremente, sin poner en riesgo sus vidas y sin amenazas, para evitar que haya "zonas de silencio" donde ninguno de ellos se atreva a trabajar.

“La muerte del señor Nava ocurre en un contexto muy preocupante de violencia e intimidación que enfrentan muchas personas defensoras de derechos humanos en México. Se trata del séptimo asesinato registrado por la ONU-DH de una persona en posible relación con sus actividades de defensa de derechos humanos en lo que va del año 2023, dos de las cuales se dedicaban al activismo por los derechos de las personas LGBTI”, subrayaron la Delegación de la UE y las embajadas.

Sobre la muerte de Matus, señalaron que “ilustra una vez más la situación de violencia e intimidación que enfrentan muchos periodistas en México y que constituye una amenaza contra los derechos humanos.”

“Reiteramos nuestra gran preocupación sobre el nivel de impunidad en casos de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en México en años anteriores”, agregaron, y refrendaron su “disponibilidad en seguir apoyando a México con acciones de cooperación en pro de la protección de los derechos humanos, de la seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y del fortalecimiento de los servicios de procuración e impartición de justicia”.